Un choque interno entre una poderosa coalición criminal y un grupo disidente dejó al menos 49 muertos en Puerto Príncipe, según reportaron organizaciones civiles.
Entre las víctimas se contabilizan al menos 10 niños reclutados por las pandillas y 19 mujeres que acompañaban a sus parejas heridas buscando atención médica. La cifra podría aumentar debido a la continuidad de la violencia y al acceso restringido a la zona para autoridades y organizaciones humanitarias.
Entre los fallecidos figura Dèdè, un líder pandillero conocido de Bel-Air, que fue decapitado durante el enfrentamiento; además resultó herido Kempes Sanon, exagente policial y jefe criminal, quien fue apartado de la conducción y hospitalizado.
La dirección del grupo pasó a dos personas identificadas como Jamesly y Ti Gason. La organización Krache Dife, aún aliada de Sanon, mantiene lazos con la coalición Viv Ansanm, catalogada por Estados Unidos como organización terrorista extranjera.
Actualmente, el 90% de los distritos de la capital haitiana está bajo control de bandas armadas.
Esta escalada ocurre después de que en septiembre de 2023 varias pandillas pactaran una tregua bajo la coalición Viv Ansanm, lo que redujo temporalmente los enfrentamientos. La ruptura interna reavivó una ola de asesinatos, mutilaciones e incendios.
La población civil, especialmente en zonas marginales, quedó atrapada en un entorno de violencia constante. Cientos de personas se han desplazado y buscan refugio sin acceso a alimentos ni a bienes básicos.
Las bandas reclutan y explotan a niños para tareas de vigilancia, mensajería o misiones de alto riesgo, mediante amenazas y coerción. Los que logran escapar enfrentan desplazamientos forzados, exclusión de la educación y la atención sanitaria, y frecuentemente carecen de agua potable y alimentos.
Más de la mitad de la población, cerca de 12 millones de personas, sufre hambre aguda. Organizaciones de derechos humanos califican la situación como una crisis humanitaria y de seguridad de extrema gravedad.
El asesinato del expresidente Jovenel Moïse en 2021 dejó al país sin un liderazgo político efectivo, lo que facilitó la expansión de las bandas armadas. El vacío de poder y el tráfico de armas ilegales han agravado la inestabilidad institucional.
La intensificación de la actividad criminal y los ataques armados han paralizado amplias zonas del país, con agresiones reiteradas a estaciones de policía, hospitales e infraestructuras esenciales.
La infancia, y en particular los menores con discapacidad, sufre de manera desproporcionada: enfrentan mayores obstáculos para huir, menos acceso a asistencia especializada, más pérdida de familiares, interrupción educativa y un ambiente persistente de temor.
En el contexto de la preparación para las elecciones de 2025 y bajo un gobierno de transición, la inseguridad y la violencia persisten. Organizaciones internacionales demandan una intervención urgente para proteger los derechos humanos y atender las necesidades inmediatas de la población.
(Con información de AP)
