Los silencios y la incertidumbre marcan el presente del fútbol argentino. En Ezeiza, Claudio “Chiqui” Tapia reunió a dirigentes de Primera División en una reunión que debía ordenar la agenda, pero terminó con saludos formales, conversaciones superficiales y el sorteo del próximo torneo postergado.
Una investigación judicial sobre supuestas maniobras de lavado y evasión vinculadas a la financiera Sur Finanzas complicó el cierre de año: más de treinta allanamientos afectaron la sede de la AFA, el predio de Ezeiza, las oficinas de la Liga Profesional y múltiples clubes —entre ellos Racing, Independiente, San Lorenzo, Banfield, Barracas Central y varios del ascenso— en busca de documentación contable, contratos de sponsoreo, préstamos y otros archivos. La pesquisa, que apunta a triangulaciones y operaciones irregulares, paralizó decisiones y acciones habituales.
El silencio se impone entre los dirigentes: grupos habituales de comunicación internos están inactivos y pocos se animan a hablar por temor a implicaciones futuras. AFA y la Liga Profesional emitieron comunicados aclarando que los contratos con Sur Finanzas eran «meramente comerciales» y se pusieron a disposición de la Justicia, mientras algunos clubes revisan acuerdos y documentación ante posibles requerimientos.
La situación también afecta la organización deportiva inmediata: con la final del Clausura próxima, definiciones sobre formato, fixture, sedes y el calendario 2026 quedan en suspenso. El desarrollo del expediente judicial y la posible ampliación de imputaciones condicionarán el futuro institucional y competitivo del fútbol argentino.
