El gobierno de Guatemala y la Embajada de Estados Unidos suscribieron un acuerdo para el intercambio de información con el objetivo de reforzar el control y la seguridad del sistema penitenciario y enfrentar con mayor eficacia a estructuras criminales catalogadas como terroristas.
La firma estuvo a cargo del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y del embajador estadounidense en Guatemala, Tobin Bradley, quienes destacaron la cooperación bilateral como una herramienta clave contra el crimen organizado y las pandillas.
El convenio llega en un contexto de crisis carcelaria, señalado hace dos meses por la fuga de 20 integrantes de la mara Barrio 18 —grupo declarado terrorista por Estados Unidos— y por el control que mantienen organizaciones criminales desde el interior de los centros penitenciarios, desde donde se coordinan muchas de las extorsiones en el país.
El acuerdo permitirá intercambiar información sobre personas privadas de libertad que puedan tener vínculos con actividades terroristas. Según Villeda, la finalidad es dotar al Estado de información más precisa, accesible y útil para la toma de decisiones respecto a los internos.
El embajador Bradley afirmó que la iniciativa constituye “otro golpe” contra las pandillas que han intentado desestabilizar al país y reafirmó el compromiso de Estados Unidos con la seguridad regional.
El diplomático también destacó la aprobación reciente de la Ley Antipandillas por parte del Congreso, que, según comentó, aumenta las penas, autoriza la construcción de nuevas cárceles y designa a la Mara Salvatrucha y al Barrio 18 como grupos terroristas.
Villeda calificó el convenio como histórico y el primero de su tipo, y subrayó que el acceso a herramientas tecnológicas y a información moderna es fundamental para que el Estado ejerza un control efectivo, verificable y confiable sobre las personas bajo custodia.
“El mensaje es claro: el Estado mantiene el control y hoy lo fortalece aún más”, afirmó el ministro de Gobernación.
El sistema penitenciario entró en crisis tras la evasión de los 20 miembros del Barrio 18 de la cárcel Fraijanes II. Como consecuencia, más de una veintena de exfuncionarios y trabajadores del sistema carcelario han sido detenidos y hay órdenes de captura contra la anterior cúpula de seguridad, que fue reemplazada.
(Con información de EFE)
