El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, mantuvo este martes su inmunidad luego de que el Congreso rechazara, por no alcanzar la mayoría calificada, la petición del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para levantarle el fuero en el marco de una investigación por presunta beligerancia política en actos oficiales.
La votación registró 35 diputados a favor de levantar el fuero y 21 en contra, por debajo de los 38 votos necesarios para autorizar al TSE a continuar con un proceso que podría derivar en sanciones que van desde la inhabilitación para ocupar cargos públicos hasta la destitución del presidente.
El pedido del órgano electoral responde a una pesquisa sobre supuestas intervenciones del mandatario en el proceso electoral, mediante críticas a partidos y líderes opositores y llamados públicos a elegir una mayoría de diputados “patriotas” dispuestos a reformar instituciones del Estado, en vísperas de las elecciones generales del 1 de febrero de 2026.
Aparte de la bancada oficialista, votaron en contra del levantamiento varios legisladores de distintos partidos y el bloque del Partido Nueva República. Su líder y candidato presidencial, Fabricio Alvarado, calificó el procedimiento como un “circo” y un “error” del TSE, y afirmó que la investigación ha reforzado la popularidad de Chaves y del partido afín al gobierno en el contexto de la campaña.
La legislación electoral costarricense prohíbe al presidente, a su gabinete y a otros altos funcionarios participar o influir en campañas electorales, así como emplear sus cargos para favorecer o perjudicar a partidos políticos. El principio de neutralidad es considerado una garantía central del sistema democrático del país.
El TSE sostiene que Chaves incurrió en beligerancia política al utilizar actos oficiales para transmitir mensajes con contenido electoral y al influir en el debate público en favor de una orientación legislativa concreta, aun cuando la reelección presidencial consecutiva está prohibida y su mandato vence en mayo próximo.
No es la primera vez que el presidente supera un intento de levantamiento de su inmunidad: en septiembre pasado el Congreso también rechazó una solicitud, en esa ocasión presentada por la Fiscalía General, relativa a un presunto uso irregular de fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
En ninguno de los dos casos Chaves expuso su defensa ante el Plenario legislativo, aunque compareció ante las comisiones parlamentarias que examinaron los expedientes. En esas audiencias calificó las denuncias como un “circo” y una “ópera bufa”.
Desde la oposición, la diputada Alejandra Larios, del Partido Liberación Nacional, respaldó la solidez del expediente del TSE y advirtió sobre la gravedad de los hechos investigados. Según su criterio, las conductas denunciadas afectan la “pureza del sufragio” y el principio de imparcialidad que deben observar ciertos funcionarios públicos, en especial el presidente de la República.
El oficialismo, en cambio, alertó sobre los riesgos institucionales que implica el proceso. La bancada gubernamental señaló que el intento de levantar el fuero podría sentar “un precedente peligroso” y cuestionó su constitucionalidad, argumentando que expone al Ejecutivo a presiones políticas en un contexto electoral.
“El fuero no es una camisa de fuerza para la Justicia, es un freno para el abuso”, afirmó el diputado oficialista Manuel Morales, quien defendió la inmunidad presidencial como una garantía de estabilidad institucional y advirtió sobre las consecuencias de habilitar procesos sin pruebas concluyentes en medio de una creciente confrontación política.
El rechazo del Congreso deja en suspenso la actuación del TSE contra el presidente y traslada el conflicto al terreno político, en un escenario marcado por la polarización y por una campaña anticipada que tensiona los límites entre la neutralidad institucional y la pugna por el poder.
