Algunas alcaldías de Bolivia alcanzaron acuerdos con transportistas del servicio público para fijar tarifas de pasaje transitorias, tras días de protestas y huelgas sindicales por el aumento del precio de la gasolina y el diésel.
En Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más grande y poblada del país, la Alcaldía pactó con los choferes un aumento temporal del pasaje de 2,30 a 3 bolivianos hasta el 5 de enero; con ello se normalizó el servicio después de cuatro días de huelga en rechazo al Decreto Supremo 5503, que entre otras medidas elimina la subvención a los combustibles y aumenta los costos operativos del sector.
Los transportistas aspiran a un incremento mayor, pero la Alcaldía, responsable de regular el transporte urbano, exige estudios técnicos que respalden cualquier tarifa adicional. Desde hoy se aplicarán multas y se retirarán licencias si los autobuses no reanudan el servicio o cobran más de lo establecido de forma transitoria.
“La ciudad no puede seguir paralizada. Si no hay respuesta, vamos a retirar autorizaciones y habilitar el transporte libre”, afirmó el alcalde Jhonny Fernández, citado por el periódico El Deber.
En Tarija, después de varias horas de negociación con los choferes, la Alcaldía fijó también una tarifa transitoria. En ciudades como La Paz y Cochabamba no se han cambiado los precios oficiales, aunque se han reportado cobros irregulares.
El presidente Rodrigo Paz convocó a una reunión con los alcaldes para este martes a las 15:00 en La Paz, con el objetivo de, junto al sector transporte, establecer criterios para “explicar de manera clara y técnica el contenido, alcance y finalidad” del decreto y “escuchar sus observaciones, inquietudes y propuestas”, según la convocatoria.
Se espera que la reunión defina criterios para fijar el costo del transporte urbano. Paralelamente, la Autoridad de Regulación y Fiscalización del Transporte inició un proceso para establecer nuevas tarifas del transporte interdepartamental, tomando en cuenta criterios de nivelación y sostenibilidad.
Estas negociaciones se desarrollan en un nuevo contexto económico tras la eliminación de la subvención a los combustibles, que implicó la duplicación del precio de la gasolina y la triplicación del diésel; durante más de 20 años ambos combustibles se vendieron a un precio fijo considerablemente inferior al internacional (equivalía a 0,53 centavos de dólar).
La subvención representaba uno de los mayores gastos públicos, con un desembolso semanal de 60 millones de dólares para la importación de combustibles, y se volvió insostenible ante la crisis económica y la caída de la renta petrolera, que era la principal fuente de ingresos del país.
El 17 de diciembre, el presidente Paz y su gabinete anunciaron el Decreto Supremo 5503, que incluye, además de medidas sobre combustibles, puntos como el aumento del salario mínimo nacional y la aprobación rápida de contratos sobre recursos naturales; sin embargo, el cambio en el régimen de combustibles concentró la atención pública y desencadenó las protestas por su impacto en los presupuestos familiares.
A las movilizaciones de los choferes se sumaron juntas vecinales, la Central Obrera Boliviana (COB) y otros sectores. Según la Administradora Boliviana de Carreteras, el lunes cerca del mediodía se registraron 20 puntos de bloqueo por conflictos sociales en seis de los nueve departamentos del país.
Aunque el Gobierno ha avanzado en acuerdos sectoriales y ha logrado desactivar algunas demandas, la situación sigue tensa en espera del resultado del encuentro con las alcaldías. Mientras tanto, la administración de Paz decretó feriado los días jueves 25 y viernes 26 de diciembre para “fomentar el turismo”, lo que podría reducir la intensidad de las protestas al menos hasta el fin de semana.
