Además de avanzar con el Presupuesto 2026 como señal al mercado y como mecanismo para canjear deuda, el gobierno de Javier Milei prevé aprobar el proyecto de Inocencia Fiscal este viernes en el Senado. La iniciativa busca que los ciudadanos declaren los “dólares del colchón” adquiridos en el mercado informal durante los períodos de restricciones cambiarias y establece nuevos parámetros para determinar cuándo se configura la evasión impositiva.
La propuesta del Ejecutivo —que el ministro de Economía, Luis Caputo, describió como “fundamental para que la economía continúe creciendo al ritmo del 6%”— introduce modificaciones en el Régimen Penal Tributario, el Código Civil y Comercial y el Régimen de Procedimiento Tributario. El objetivo declarado es brindar garantías legales a los contribuyentes frente a eventuales procesos penales en futuras administraciones.
En diálogo con Infobae, Martín Caranta, socio del Departamento de Impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, explicó que la evasión simple pasaría a considerarse delito a partir de $100 millones. Señaló que no todo lo que excede ese umbral es automáticamente evasión, porque ésta combina una condición objetiva —superar el piso que fija la ley— y una cuestión subjetiva —haber incumplido una obligación tributaria—.
Inocencia fiscal y montos de evasión
Respecto de la evasión agravada, el proyecto fija un mínimo de $1.000.000.000, frente a los $15.000.000 actuales. Cuando intervienen personas físicas, jurídicas, estructuras legales o jurisdicciones que dificulten identificar al responsable, el umbral subiría de $2.000.000 a $200.000.000. Ese mismo monto se aplicaría en casos de uso fraudulento de exenciones u otros beneficios fiscales. Si se emplean facturas o documentos falsos, la evasión agravada se configuraría por encima de $100.000.000, en contraste con el actual umbral de $1.500.000.
Noelia Girardi, gerente de impuestos en Lisicki, Litvin & Abelovich, destacó que muchos de esos montos llevan años sin actualizarse y están desfasados respecto de la realidad económica, por lo que el proyecto propone elevar significativamente los umbrales de la Ley Penal Tributaria. Aclaró además que conceptos que no dependen de montos, como la insolvencia fiscal fraudulenta o la alteración de registros, no sufrirían cambios.
El contador Marcos Felice coincidió en que las modificaciones eran necesarias dado que los límites anteriores estaban obsoletos y podían involucrar a cualquier contribuyente. Advirtió, sin embargo, que por la demora en la sanción de la ley los montos propuestos ya muestran un desfase frente a la inflación del año, ya que el primer ajuste previsto sería en enero de 2027.
Multas automáticas, eje de debate
Si el proyecto se aprueba en los términos actuales, las multas automáticas previstas experimentarían un aumento superior al 110.000%. A modo ilustrativo, la sanción del artículo 38, que hoy es de $200 para personas físicas, treparía a $220.000; y para personas jurídicas la multa pasaría de $400 a $440.000.
Ante las críticas generadas por la normativa, Caputo anticipó que, de aprobarse la ley en el Senado, no se aplicarán sanciones automáticas a quienes no presenten sus declaraciones juradas en los plazos previstos. Explicó que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) notificará primero al infractor y otorgará la oportunidad de regularizar la deuda antes de imponer una multa.
En su cuenta oficial en X, Caputo detalló que ARCA trabajará en una reglamentación que contemple lo siguiente: al vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada, en lugar de intimar y aplicar la multa de inmediato, se enviará un recordatorio con un plazo de 10 a 15 días hábiles. Tras ese período, recién allí se intimará y se aplicará la sanción.
Agregó que ARCA ponderará la cantidad de días de demora para aplicar una multa menor según el caso, de modo de distinguir incumplimientos frecuentes de incumplimientos ocasionales y evitar la aplicación automática de medidas rígidas.
