El presidente Javier Milei calificó como un “hito histórico” la sesión del Senado en la que se aprobaron el Presupuesto 2026 y la denominada ley de Inocencia Fiscal, y afirmó que fue posiblemente la jornada legislativa más importante de la historia argentina.
En una entrevista en Radio Mitre, Milei sostuvo que el avance se apoyó en dos pilares: sancionar un presupuesto con déficit cero y modificar prácticas políticas que, según él, perjudicaban a los contribuyentes.
Sobre la norma de Inocencia Fiscal, el presidente la describió como una de las leyes más relevantes de las últimas décadas y dijo que restaura el principio de presunción de inocencia en materia tributaria.
Explicó que, aunque el sistema jurídico argentino reconoce la presunción de inocencia en general, en la práctica tributaria esa garantía había quedado comprometida y se aplicaban procedimientos que consideró inversos a ese principio.
Milei afirmó que la situación previa vulneraba una garantía constitucional básica y destacó que la nueva ley recupera la presunción de inocencia para los contribuyentes.
Durante la entrevista también interpretó la aprobación parlamentaria como un punto de inflexión que abre una nueva etapa de reconstrucción política tras un periodo que definió como de decadencia.
El Senado convirtió en ley el proyecto de Presupuesto 2026 tras más de ocho horas de debate, lo que permite al Gobierno presentar al mercado un plan de gastos respaldado por el Congreso en la segunda parte del mandato.
En la votación general el proyecto recibió 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención; en la votación particular también avanzó, con 42 adhesiones en una votación clave que incluyó discusión sobre el artículo 30 y críticas opositoras por posibles recortes en áreas de educación.
Además del Presupuesto, la Cámara alta aprobó el proyecto de Inocencia Fiscal, que entre otros puntos busca redefinir la relación entre el Estado y los contribuyentes y promover el uso de los denominados “dólares del colchón”.
La iniciativa propone cambios en el régimen penal tributario, en los mecanismos de fiscalización y en la declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias, con el objetivo de facilitar trámites y reducir la carga administrativa.
La Ley de Principio de Inocencia Fiscal fue elaborada por un equipo que, según el Ejecutivo, incluyó a Santiago Caputo, Juan Pazo, María Ibarzabal, Luis Caputo y Silvina Rivarola.
En la entrevista Milei destacó el rol del bloque político que lo acompaña en el Congreso —mencionó a Martín Menem, Patricia Bullrich y Diego Santilli— y resaltó que la aprobación del presupuesto y de la ley fue posible por ese trabajo conjunto.
Al recordar el inicio de su gestión, el presidente afirmó que enfrentó un escenario con riesgo de desbordes inflacionarios y señaló que para él la primera tarea fue alcanzar equilibrio fiscal, que describió como un paso fundamental.
Milei también planteó la dimensión ética de las políticas fiscales, al sostener que el déficit es inmoral porque traslada cargas a generaciones futuras, comparando ese financiamiento con dejar la cuenta a herederos.
En su argumentación, definió las deudas como “impuestos futuros” y señaló que financiar el déficit con emisión monetaria equivaldría a aplicar un impuesto implícito sobre la población.
Sobre la ley de inocencia fiscal explicó que el nuevo régimen evita la revisión de la variación patrimonial para quienes se adhieran, lo que, según él, permitirá a los ahorristas disponer de sus fondos sin controles patrimoniales y canalizarlos hacia el mercado de capitales.
El jefe de Estado afirmó que su gestión tiene como prioridad ampliar las libertades individuales y que las políticas públicas deben orientarse al respeto de la vida, la libertad, la propiedad y el principio de no agresión.
Defendió el ajuste fiscal como una medida que, en su visión, devuelve libertad a los ciudadanos y dijo que las políticas se diseñan sobre criterios morales que, según él, remiten a valores occidentales.
En cuanto al rumbo inmediato, anunció que tras la aprobación del presupuesto el Gobierno buscará avanzar con una reforma tributaria, endurecer penas del Código Penal, delegar a las provincias la definición de zonas de periglaciares para actividades como la minería y promover la modernización laboral en el período extraordinario de sesiones previsto para febrero.
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