El presidente de Siria, Ahmed al Shara, mantuvo este lunes una llamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que, según la Presidencia siria, coincidieron en la defensa de los derechos de la minoría kurda y en la necesidad de intensificar la cooperación contra Estado Islámico.
Según el comunicado oficial, los mandatarios analizaron la situación de seguridad tras los combates de los últimos días y reafirmaron su apoyo a la unidad del país y a la lucha contra el terrorismo. El intercambio tuvo lugar pese a la existencia de un alto el fuego anunciado el fin de semana, cuya implementación ha sido irregular sobre el terreno.
Ambas partes destacaron la importancia de preservar la integridad territorial y la independencia de Siria, así como de respaldar esfuerzos orientados a la estabilidad política y de seguridad. Coincidieron en la necesidad de avanzar en una agenda común para reducir el riesgo de reaparición de células yihadistas en zonas disputadas.
Un punto central de la conversación fue la situación del pueblo kurdo. De acuerdo con la Presidencia siria, Al Shara y Trump subrayaron la obligación de garantizar los derechos y la protección de la población kurda “en el marco del Estado sirio”, situación sensible en el noreste del país, donde operan fuerzas locales con un amplio grado de autonomía de facto.
En ese contexto, acordaron mantener la cooperación para combatir a Estado Islámico y neutralizar sus amenazas. Aunque el grupo fue derrotado territorialmente en 2019, conserva capacidad operativa residual en zonas desérticas y ha reivindicado ataques esporádicos contra fuerzas locales y civiles.
La llamada también abordó asuntos regionales más amplios. Los mandatarios expresaron su aspiración compartida de avanzar hacia una Siria fuerte y unificada, capaz de afrontar desafíos internos y presiones externas y de abrir una etapa orientada a la reconstrucción y la estabilidad.
El contacto político se produjo en paralelo a la discusión de los términos de un acuerdo anunciado tras el alto el fuego. Esos términos contemplan que, a cambio del cese inmediato de la ofensiva del Ejército sirio en el noreste, la Administración Autónoma del Norte y del Este de Siria (AANES) y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) reconozcan la transferencia administrativa y militar de las gobernaciones de Deir Ezzor y Raqqa al Gobierno central.
El acuerdo prevé además la integración de todas las instituciones civiles de la gobernación de Hasaka en las estructuras administrativas del Estado sirio, un paso dirigido a normalizar la gobernanza y reducir la fragmentación institucional que persiste desde el inicio del conflicto.
La viabilidad del proceso dependerá de la aplicación efectiva del alto el fuego y de la capacidad de las partes para convertir los acuerdos políticos en mecanismos de seguridad y administración estables, en un escenario marcado por desconfianzas, presiones regionales y la persistencia de amenazas armadas.
