Estados Unidos impuso el miércoles un paquete de sanciones contra siete organizaciones que, según el gobierno, funcionan como fachadas para canalizar fondos hacia las Brigadas Ezzeldín al Qassam, el brazo militar de Hamas. Las medidas afectan a seis entidades benéficas radicadas en la Franja de Gaza y a la Conferencia Popular de Palestinos en el Extranjero (PCPA), principal organizadora de flotillas civiles que intentan romper el bloqueo marítimo israelí sobre el enclave. La Administración Trump fundamentó las sanciones en documentos capturados por fuerzas israelíes en oficinas de Hamas tras el ataque del 7 de octubre de 2023.
El Departamento del Tesoro identificó a las organizaciones gazatíes como Waed Society, Al Nur, Qawafil, Al Falá, Merciful Hands Gaza y Al Salamé. Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), esas entidades se presentan como proveedoras de atención médica y ayuda humanitaria a civiles palestinos, pero en la práctica sostendrían las operaciones militares del grupo. John Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, afirmó que la administración no tolerará el uso del sistema financiero para financiar actividades terroristas.
Las sanciones bloquean cualquier activo que estas organizaciones tengan en Estados Unidos y prohíben transacciones con ellas. El Tesoro indicó que esas entidades están integradas en el brazo militar de Hamas: miembros de las fuerzas de seguridad internas del grupo estarían formalmente asignados a trabajar en ellas y Hamas habría dado instrucciones a sus combatientes sobre cómo solicitar que las organizaciones afiliadas ejecuten proyectos y servicios concretos.
Según la información publicada por el Tesoro, Waed Society recibe financiamiento directo de Hamas para llevar a cabo proyectos del grupo en Gaza. Al Nur y Al Falá habrían transferido fondos directamente a la rama militar; en el caso de Al Falá, el Tesoro señaló que canalizó 2,5 millones de dólares en un periodo de tres años. Merciful Hands, Al Salamé y Qawafil también serían financiadas por el grupo para completar proyectos que, según Washington, benefician a la organización.
La séptima entidad sancionada es la Conferencia Popular de Palestinos en el Extranjero (PCPA). El Departamento del Tesoro sostuvo que la PCPA ha sido la principal organizadora de flotillas destinadas a romper el bloqueo marítimo israelí sobre Gaza y que opera en la práctica en nombre de Hamas, con aspectos estratégicos y tácticos controlados por ese grupo mediante la colocación de personas clave en posiciones relevantes.
Israel ha interceptado de forma sistemática estas flotillas compuestas por múltiples embarcaciones y ha detenido a sus participantes. Entre los activistas detenidos figura la sueca Greta Thunberg, quien participó en una flotilla en junio de 2025 que fue interceptada por la Marina israelí en aguas internacionales; según los informes, todos los activistas a bordo fueron detenidos y posteriormente deportados.
La PCPA fue creada en 2018 y, de acuerdo con documentos recuperados en Gaza, funcionaría como el órgano representativo de Hamas en el exterior. Israel designó a la PCPA como organización terrorista en 2021. Entre los documentos incautados hay una carta de 2021 firmada por Ismail Haniyeh, entonces jefe de la Oficina Política de Hamas, que describiría cómo el grupo debería controlar el proceso político palestino mediante la escalada de violencia contra Israel y la expansión de su proyección internacional, identificando a la PCPA como un componente central de esa estrategia.
El Departamento del Tesoro también sancionó a Zaher Khaled Hassan Birawi, ciudadano británico y miembro fundador de la PCPA, a quien se identifica como líder de flotillas hacia Gaza durante los últimos quince años. En 2010 Birawi actuó como uno de los portavoces de la flotilla turca Mavi Marmara, en un incidente en el que murieron diez personas cuando fuerzas israelíes abordaron las embarcaciones en aguas internacionales.
Israel instauró el bloqueo naval sobre Gaza a finales de 2009 para impedir el contrabando de armas, tras la toma de la Franja por parte de Hamas en 2007. Una investigación independiente de Naciones Unidas sobre el incidente de la Mavi Marmara criticó el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas israelíes, pero respaldó la legalidad del bloqueo. El contexto de estas sanciones es la grave crisis humanitaria y de seguridad en Gaza después de más de quince meses de guerra iniciada por el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, que según reportes provocó la muerte de aproximadamente 1.200 personas en Israel y el secuestro de 251 rehenes. El Ministerio de Salud controlado por Hamas informa de más de 70.000 fallecidos en Gaza, y Naciones Unidas ha señalado previamente la existencia de condiciones de hambruna en el enclave.
