La organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) pidió este viernes la derogación del estado de conmoción exterior declarado a comienzos de enero por el régimen chavista, y advirtió que su vigencia consolida un esquema que facilita la ampliación de la represión y la restricción de derechos civiles y políticos.
La ONG consideró que eliminar esa figura es un paso imprescindible para avanzar hacia una reconciliación verdadera y un proceso de redemocratización del país.
En un comunicado, Provea afirmó que el decreto aprobado habilita prácticas contrarias a la Constitución y otorga a cuerpos de seguridad y a funcionarios estatales y paraestatales “un marco inconstitucional para profundizar la represión y la persecución por razones políticas”.
El estado de conmoción exterior es una figura excepcional prevista para situaciones extraordinarias que permite al Ejecutivo tomar medidas especiales en nombre de la seguridad nacional. No obstante, Provea destacó que, en la práctica, su aplicación ha implicado la suspensión o la severa restricción de libertades fundamentales.
Entre las libertades afectadas la organización mencionó el derecho a la reunión y a la manifestación pacífica, la asociación, la libertad de expresión, el acceso a la información y la libertad sindical, que —dijo— continúan limitadas pese a anuncios oficiales que hablan de una apertura gradual.
“El decreto debe ser derogado si realmente se tiene la voluntad de avanzar en un proceso genuino de reconciliación que conduzca a la redemocratización del país, al respeto de la Constitución nacional y a la reconstrucción de la institucionalidad”, afirmó Provea, y añadió que mantener el estado de excepción contradice cualquier iniciativa destinada a normalizar la vida democrática y restablecer el Estado de derecho.
La ONG recordó que hace 68 años Venezuela inició un proceso de democratización tras la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y subrayó que la democracia no puede quedarse en una consigna, sino que debe traducirse en garantías concretas para la ciudadanía.
“La democracia no es una idea abstracta, es un ideal que se materializa en la realización diaria del ser humano, en el respeto a su dignidad”, señaló el comunicado.
Provea vinculó la actual situación de excepción con un deterioro prolongado de las instituciones y de las condiciones sociales: a su juicio, el largo período de restricciones a las libertades ciudadanas y el incumplimiento de obligaciones estatales en materia de derechos sociales han desembocado en la crisis institucional más profunda de la historia moderna del país, acompañada de elevados niveles de empobrecimiento y desigualdad.
El decreto fue anunciado el mismo día que, según comunicados oficiales, se produjo una detención en Caracas y fue justificado por las autoridades como un mecanismo para “proteger los derechos de la población” y garantizar el funcionamiento de las instituciones. Sin embargo, la ONG cuestionó esa narrativa y aseguró que, en lugar de reforzar garantías, la medida ha consolidado un entorno de excepcionalidad permanente.
Paralelamente, Provea intensificó sus reclamos de transparencia sobre la situación de los presos políticos y exigió a las autoridades la publicación de listados detallados de los excarcelados, que incluyan identidad, centro de detención, estado de salud y situación procesal. Según la organización, la falta de información oficial ha incrementado la angustia de los familiares y ha prolongado situaciones de trato cruel e inhumano.
(Con información de EFE)
