El gobierno de la República Democrática del Congo informó el domingo que teme “al menos 200 muertos” tras un deslizamiento masivo en una mina controlada por milicianos en el este del país.
Desde su resurgimiento en 2021, el grupo armado M23 se ha hecho con amplias zonas del este congoleño; en abril de 2024, con apoyo de Ruanda según denuncias, tomó el control de la mina de Rubaya, en Kivu del Norte.
La mina aporta entre el 15 % y el 30 % del suministro mundial de coltán, un mineral clave para la fabricación de dispositivos electrónicos como portátiles y teléfonos móviles.
Miles de mineros artesanales trabajan allí a diario en condiciones precarias, con herramientas sencillas y botas de goma.
El Ministerio de Comunicaciones declaró a AFP que el deslizamiento probablemente causó “al menos 200 muertos”. Según reportes, parte de la ladera se derrumbó el miércoles por la tarde y hubo un segundo deslizamiento el jueves por la mañana.
Rubaya está situada en laderas empinadas, con barrancos profundos y caminos de tierra que suelen ser intransitables en la temporada de lluvias, lo que aumenta la inestabilidad de la zona.
El gobernador de Kivu del Norte nombrado por el M23, Eraston Bahati Musanga, que visitó Rubaya el viernes, también afirmó que hay “al menos 200 muertos”.
Agregó que se han recuperado cadáveres entre los escombros, sin detallar un número exacto.
AFP no pudo verificar de forma independiente la cifra de víctimas.
Las líneas telefónicas llevan varios días interrumpidas en la zona y las autoridades congoleñas y grupos de la sociedad civil abandonaron el área tras la llegada del M23.
La información llega de forma fragmentada por mensajeros en motocicleta que recorren la región, lo que dificulta establecer un balance preciso, indicó una fuente humanitaria a AFP.
Los heridos que sobrevivieron fueron trasladados a centros de salud locales con recursos limitados, informó otra fuente humanitaria.
En X, la embajada de Bélgica en Kinshasa expresó su solidaridad tras los trágicos deslizamientos.
Saqueos organizados
El este de la República Democrática del Congo, rico en recursos y fronterizo con Ruanda y Burundi, ha sufrido cerca de 30 años de violencia continua.
Expertos de Naciones Unidas señalan que el M23 ha establecido una administración paralela al Estado congoleño para regular la explotación de la mina de Rubaya desde su toma.
Según esas estimaciones, el M23 obtiene alrededor de 800.000 dólares al mes mediante un impuesto de 7 dólares por kilogramo sobre la producción y venta de coltán.
Los expertos de la ONU también acusan a Ruanda —que niega haber brindado apoyo militar al M23— de utilizar a la milicia para desviar las riquezas minerales de la República Democrática del Congo.
Kinshasa pidió a la comunidad internacional que tome plenamente en cuenta la magnitud de la tragedia, que atribuye a la ocupación armada y a un sistema organizado de saqueo por parte de la milicia respaldada por Ruanda.
El gobierno indicó que desde febrero de 2025 se prohibieron todas las actividades mineras y comerciales en Rubaya, pero afirma que se siguen extrayendo entre 112 y 125 toneladas al mes, enviadas exclusivamente a Ruanda.
(Con información de AFP)
