En la agenda pública desde hace varios años se debate cómo el Estado aplica impuestos y tasas para financiar su funcionamiento, mejorar los servicios públicos o transformar la infraestructura urbana. Hay experiencias exitosas, como en la Ciudad de Buenos Aires o Vicente López, y otras donde existe una alta presión tributaria con respuestas insuficientes hacia la ciudadanía.
En el municipio de General San Martín el problema no es solamente cuánto se cobra, sino cómo y con qué finalidad. El régimen tributario local se ha vuelto ineficiente, regresivo y desvinculado de los servicios que dice financiar, lo que genera una carga creciente sobre vecinos, industrias y comercios sin resolver los déficits estructurales del gobierno municipal.
Las principales fuentes de ingresos propios son la Tasa de Seguridad e Higiene y la Tasa de Aseo, Limpieza y Servicios Municipales Indirectos (ALSMI). Aunque estas tasas suben año tras año por encima de la inflación, no alcanzan a cubrir dos gastos corrientes centrales: la masa salarial y el costo de la recolección de residuos. Sin el aporte de la coparticipación provincial el sistema no se equilibra.
Esto evidencia que el problema fiscal de San Martín no es tanto de recaudación como de diseño del sistema y de gestión del gasto.
En lugar de corregirse, el esquema se agravó al incorporar varias sobretasas porcentuales calculadas sobre la ALSMI, transformando una tasa de servicio en un impuesto encubierto. Hoy los vecinos pagan, además de la tasa base:
35% en concepto de Tasa de Recuperación Vial, en un distrito con calles deterioradas y baches crónicos.
5,5% para una Tasa de Seguridad Ciudadana, en un contexto de inseguridad creciente.
1,5% para colaborar con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, una fuerza cuya financiación corresponde a la provincia.
3% para el Nuevo Hospital Municipal Thompson, una obra inconclusa desde hace más de una década.
3% para Emergencias Médicas, un servicio de alcance limitado.
2,5% para Bomberos y Defensa Civil, servicios esenciales que deberían financiarse con recursos generales y no mediante parches tributarios.
Apilar porcentajes sobre porcentajes desvirtúa el concepto de tasa, porque no existe una relación directa, verificable y proporcional entre lo que se cobra y el servicio efectivamente prestado. El resultado es un sistema opaco, difícil de explicar y de justificar ante los contribuyentes.
Además, la Tasa de Seguridad e Higiene grava a comercios e industrias sobre la facturación bruta, sin relación con el costo del servicio municipal correspondiente. Funciona, en la práctica, como un impuesto a la actividad económica que penaliza a quienes producen, invierten y generan empleo.
En los hechos la municipalidad cobra como si tuviera las atribuciones de una provincia o la Nación, pero sin asumir las responsabilidades ni ofrecer los servicios que esos niveles del Estado garantizan. Esa lógica desalienta la actividad económica y erosiona la legitimidad del sistema tributario, aumentando la desconfianza de los contribuyentes.
Por eso, San Martín requiere con urgencia una reforma fiscal integral basada en tres principios básicos:
Transparencia: cada tasa debe tener un destino claro, medible y auditado.
Correspondencia: lo recaudado debe estar directamente vinculado al costo real del servicio prestado.
Equidad y racionalidad: reducir tasas superpuestas y parches, simplificando la estructura tributaria para hacerla más justa.
Reformar no significa desfinanciar al municipio, sino ordenar prioridades, mejorar la administración y administrar los recursos con mayor eficiencia. Un sistema tributario más justo y eficaz no solo aliviaría a vecinos y comerciantes, sino que también fortalecería al Estado municipal, devolviéndole previsibilidad, credibilidad y sostenibilidad.
San Martín no necesita seguir aumentando tasas: necesita cambiar el modelo.
** El autor es Concejal de Gral. San Martín (PRO). Arquitecto y profesor universitario (FADU-UBA).
