Horas después del anuncio del Gobierno sobre la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y la separación de la cobertura de salud de militares y policías federales, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, atribuyó las deficiencias acumuladas en esa prestación al kirchnerismo, señalando que arrastraban problemas desde hacía más de una década.
Presti calificó la creación del instituto en 2013 como un “engendro” y criticó que no se consultara a las Fuerzas Armadas en su implementación. Afirmó que nunca funcionó correctamente y que las reformas recientes buscan asegurar una cobertura adecuada para las familias del personal militar.
En una entrevista con TN, el ministro cuestionó la gestión de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y recordó que el organismo había sido impulsado por la entonces ministra Nilda Garré. Sostuvo que la medida persiguió quitar la gestión sanitaria a las Fuerzas Armadas y que tuvo un componente político destinado a menospreciarlas.
Según Presti, la obra social precedente no alcanzaba a cubrir todas las necesidades médicas de la familia militar. Explicó que, por una decisión política, se determinó la existencia de dos obras sociales —una para Fuerzas Militares (OF) y otra para Fuerzas de Seguridad (OFESEC)— con la intención de que ambas nazcan en condiciones de prestar servicios adecuados.
Con esas modificaciones, la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) pasará a ser un ente autárquico dependiente del Ministerio de Defensa y ofrecerá sus servicios en todo el territorio nacional.
En paralelo, se dispuso que la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) funcione como ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, con la misión principal de brindar cobertura médico-asistencial y social al personal de la Gendarmería, la Prefectura y posibles incorporaciones de otras fuerzas federales.
Presti confirmó que Javier Milei entregará el sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo
Tras la publicación del decreto que establece la custodia del sable corvo del general San Martín en el Regimiento de Granaderos a Caballo, Presti confirmó que el presidente Javier Milei será quien entregue el símbolo patrio en persona durante el acto conmemorativo de la batalla de San Lorenzo.
Fuentes oficiales indicaron a Infobae que Milei será el único orador y que la entrega se realizará después de la ceremonia, en las barrancas del río Paraná, cerca del convento de San Carlos.
El ministro explicó que el presidente entregará el sable al jefe del regimiento, el teniente coronel Cristian Castellanos, para que quede en guarda y custodia en el lugar que, según Presti, corresponde históricamente: el Regimiento de Granaderos a Caballo.
En la comitiva oficial que acompañará al presidente estarán su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Defensa; el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y otros funcionarios nacionales, provinciales y municipales.
Presti negó que exista una prohibición para que un mandatario toque el símbolo patrio y recordó que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner también lo había sujetado al colocarlo en la vitrina del Museo Histórico Nacional. Afirmó que el traslado no es una provocación, sino una reivindicación histórica, y defendió que el sable debe estar en el lugar donde el Libertador fundó la organización militar.
El ministro subrayó que el Regimiento de Granaderos a Caballo es un patrimonio compartido de la sociedad argentina y consideró que no hay un sitio más apropiado para la custodia del sable.
La decisión motivó un reclamo de los herederos de Juan Manuel de Rosas —iniciado por Máximo Terrero y Manuela Rosas— para impedir el traslado. Sin embargo, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12 rechazó la medida cautelar solicitada, al considerar que en esta etapa no se cumplían los requisitos legales para hacer lugar al pedido.
La jueza Macarena Marra Giménez indicó que no se había acreditado un cargo jurídico que obligara a mantener la pieza exclusivamente en el Museo Histórico Nacional ni la vinculación suficiente de los demandantes con Rosas. No obstante, habilitó una investigación de fondo y requirió al Regimiento de Granaderos que informe, en cinco días, sobre el destino del sable en el cuartel y las medidas de seguridad previstas para su conservación y exhibición pública.
El abogado de la familia, Nicolás Rechanik, manifestó su disconformidad con la resolución y cuestionó que se autorice el traslado y la posible movilización del sable, expresando dudas sobre la responsabilidad judicial en materia de seguridad del bien.
El traslado quedó oficializado mediante el decreto 81/2026, publicado en el Boletín Oficial. En el texto se argumenta que el traspaso busca preservar la integridad de la pieza histórica —que habría sido objeto de intentos de robo en 1963 y 1965— y se fundamenta en la intención de honrar la historia, administrar responsablemente el patrimonio nacional y reafirmar principios de soberanía, independencia y libertad. El decreto también cita el respaldo jurídico recibido y la autoridad del Poder Ejecutivo según el artículo 99 de la Constitución Nacional.
