Estados Unidos criticó la condena de 20 años de prisión impuesta por las autoridades chinas al empresario de medios Jimmy Lai, calificando la resolución como un cierre “injusto y trágico” de un proceso que, según Washington, ejemplifica el uso del sistema judicial para restringir libertades en Hong Kong. El secretario de Estado, Marco Rubio, pidió además que se le conceda la libertad por razones humanitarias.
“La decisión del Tribunal Superior de Hong Kong de condenar a Jimmy Lai a 20 años de prisión constituye un desenlace injusto y trágico de este caso”, afirmó Rubio en un comunicado.
Rubio sostuvo que la sentencia indica que Pekín estaría dispuesto “a llegar a extremos extraordinarios para silenciar a quienes defienden las libertades fundamentales en Hong Kong”.
Para Estados Unidos, el caso de Lai simboliza el deterioro de los derechos y libertades que antes protegía el principio de “un país, dos sistemas”. El Departamento de Estado dijo que el proceso refleja también el incumplimiento de los compromisos internacionales acordados entre China y el Reino Unido en la declaración conjunta de 1984, que garantizaba ciertas libertades tras la transferencia de soberanía.
Rubio destacó que Lai y su entorno han atravesado un prolongado proceso judicial y años de detención.
“Tras soportar un juicio que se prolongó durante dos años y más de cinco años de detención en prisión, Lai y su familia ya han sufrido lo suficiente. Estados Unidos insta a las autoridades a concederle a Lai la libertad por razones humanitarias”, señaló el secretario de Estado.
Jimmy Lai, de 78 años, fue condenado por conspiración para coludir con fuerzas extranjeras y por la publicación de contenidos considerados sediciosos. El tribunal fijó la pena casi dos meses después de haberlo declarado culpable de delitos que, según la ley de seguridad nacional aplicada en Hong Kong, podían acarrear incluso cadena perpetua.
El expresidente de Estados Unidos Donald Trump también reaccionó al veredicto y expresó su “tristeza” por la condena. La Casa Blanca considera que el caso de Lai refleja un endurecimiento del control político y judicial en Hong Kong desde la entrada en vigor de la ley de seguridad nacional.
Las declaraciones de Washington se produjeron en medio de múltiples reacciones internacionales. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió la anulación de la sentencia al considerarla “incompatible con el derecho internacional” y afirmó que el fallo “criminaliza el ejercicio de la libertad de expresión”.
La oficina de la ONU indicó que este caso pone de manifiesto el alcance de la legislación de seguridad nacional aprobada después de las protestas prodemocracia de 2019.
Türk señaló además la edad avanzada de Lai, su estado de salud y el impacto de más de cuatro años de detención como motivos que refuerzan la necesidad de su liberación por razones humanitarias. El organismo advirtió que cargos como la “conspiración con fuerzas extranjeras” pueden abarcar actividades legítimas de periodistas y organizaciones de la sociedad civil.
En un balance más amplio sobre Hong Kong, Naciones Unidas informó que entre 2020 y 2026 al menos 385 personas fueron arrestadas y 175 condenadas por delitos vinculados a la seguridad nacional. La oficina de derechos humanos también alertó sobre el cierre de medios independientes, la detención de periodistas y el endurecimiento de las políticas de visado y acreditación para la prensa extranjera.
La Unión Europea, el Reino Unido, Canadá y Australia se sumaron al llamado para la liberación de Lai. Desde Bruselas señalaron que el procesamiento del empresario y de exdirectivos y periodistas de su grupo mediático tuvo motivaciones políticas y dañó la reputación internacional de Hong Kong como centro financiero.
Las autoridades chinas defendieron la condena, asegurando que Lai merece un “castigo severo” por, en su versión, haber puesto en grave peligro la seguridad nacional.
(Con información de Europa Press y AFP)
