Estados Unidos criticó la condena a 20 años de prisión impuesta por las autoridades chinas a Jimmy Lai, empresario del sector mediático, y calificó el fallo como un cierre “injusto y trágico” de un proceso que refleja la utilización del sistema judicial para restringir libertades en Hong Kong. Además, pidió que se le permita la liberación por motivos humanitarios.
“La decisión del Tribunal Superior de Hong Kong de condenar a Jimmy Lai a 20 años de prisión constituye un desenlace injusto y trágico de este caso”, afirmó el senador Marco Rubio en un comunicado.
Desde la visión estadounidense, la sentencia evidencia la disposición de Pekín a tomar medidas extremas para silenciar a quienes defienden libertades fundamentales en la ciudad.
Washington ha presentado el caso de Lai como un ejemplo del retroceso de los derechos y las libertades en la región administrativa especial bajo el principio de “un país, dos sistemas”. Según el Departamento de Estado, el proceso también muestra el incumplimiento de compromisos internacionales incluidos en la declaración conjunta de 1984 entre China y Reino Unido, que garantizaba ciertas protecciones tras la transferencia de soberanía.
Rubio destacó que Lai y su entorno han pasado por un largo proceso judicial y años de detención preventiva.
“Tras un juicio que se extendió durante dos años y más de cinco años de detención, Lai y su familia ya han sufrido lo suficiente. Estados Unidos insta a concederle la libertad por razones humanitarias”, añadió el senador.
Jimmy Lai, de 78 años, fue condenado por cargos de conspiración para coludir con fuerzas extranjeras y por la publicación de contenidos considerados sediciosos. La pena se dictó casi dos meses después de su declaración de culpabilidad por delitos que, bajo la ley de seguridad nacional aplicada en Hong Kong, podían acarrear incluso cadena perpetua.
El expresidente de Estados Unidos Donald Trump también se pronunció sobre la sentencia y dijo sentirse “triste” por el veredicto. La Casa Blanca ha señalado que el caso ilustra un endurecimiento del control político y judicial en Hong Kong desde la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional.
Las declaraciones estadounidenses se dieron en medio de una ola de reacciones internacionales. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió la anulación de la condena al considerarla “incompatible con el derecho internacional” y afirmó que el fallo “criminaliza el ejercicio de la libertad de expresión”.
La oficina de la ONU señaló que el caso revela el alcance de la legislación de seguridad nacional promulgada después de las protestas prodemocracia de 2019.
Türk también subrayó la edad avanzada de Lai, su estado de salud y el efecto de más de cuatro años de detención como razones que refuerzan la petición de liberación por motivos humanitarios. La ONU advirtió que cargos como “conspiración con fuerzas extranjeras” pueden abarcar actividades legítimas de periodistas y organizaciones civiles.
En su evaluación más amplia de la situación en Hong Kong, Naciones Unidas indicó que entre 2020 y 2026 al menos 385 personas fueron arrestadas y 175 condenadas por delitos vinculados a la seguridad nacional. La oficina de derechos humanos también alertó sobre el cierre de medios independientes, la detención de periodistas y un endurecimiento de las políticas de visado y acreditación para la prensa extranjera.
La Unión Europea, Reino Unido, Canadá y Australia se sumaron a los llamados para la liberación de Lai. Desde Bruselas se consideró que el procesamiento de Lai y de exdirectivos y periodistas de su grupo mediático tuvo motivaciones políticas y perjudicó la reputación internacional de Hong Kong como centro financiero.
Las autoridades chinas rechazaron las críticas y defendieron la condena, afirmando que Lai merece un “castigo severo” por, según su versión, poner en grave riesgo la seguridad nacional.
(Con información de Europa Press y AFP)
