El juez federal de Rosario Gastón Salmain, procesado y con una orden de prisión preventiva que no se instrumenta por su inmunidad como magistrado, presentó una denuncia contra Fernando Whpei, el financista arrepentido que declaró haber acordado con él el pago de sobornos a cambio de fallos favorables.
La presentación quedó por sorteo en el juzgado de María Servini y cuenta con la intervención del fiscal Carlos Rívolo. La maniobra procesal de Salmain busca cuestionar la credibilidad de Whpei, a quien acusa de mentir para mejorar su situación ante la Justicia.
En paralelo, la causa principal sigue su curso en Rosario a cargo de un equipo de fiscales que, según fuentes judiciales, han corroborado buena parte de la versión del arrepentido a través del cruce de expedientes y la geolocalización de teléfonos celulares.
El negocio que salió mal
Según el expediente, la imputación contra Salmain se originó en un acuerdo que no prosperó por cambios en el contexto económico y político. Whpei declaró que en diciembre de 2023 —en plena vigencia del cepo cambiario— el juez le autorizó la compra de 10 millones de dólares al valor oficial.
Ese pacto, que habría contado con la intermediación del operador judicial Santiago Busaniche, preveía una comisión del 10 por ciento del monto, estimada entonces en unos 200.000 dólares. La devaluación que siguió al cambio de gobierno redujo drásticamente esa diferencia y dejó el “retorno” en menos de 20.000 dólares.
Según el arrepentido, Salmain se negó a aceptar la suma reducida y exigió el pago originalmente pactado, bajo la amenaza de denunciarlo penalmente. Al negarse Whpei a abonar la diferencia, se formalizó la denuncia, lo que derivó en la confesión del financista y en la revelación del escándalo.
Procesamiento y fueros
A fines del año pasado, el juez federal N°4 de Rosario, Carlos Vera Barros, procesó a Salmain, a Whpei y a Busaniche. A Salmain se le imputan incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato.
Vera Barros dispuso la prisión preventiva de Salmain por considerar que habría intentado entorpecer la investigación, pero aclaró que la detención no se hará efectiva por la Ley 25.320, que otorga inmunidad de arresto a los jueces en ejercicio. Sí se le impuso la prohibición de salir del país.
El magistrado que resolvió el procesamiento sostuvo, con el estándar de probabilidad propio de la etapa procesal, que existen indicios de que Busaniche, Whpei y Salmain habrían acordado manipular de manera ilícita un expediente judicial.
La pesquisa incorpora además precisiones sobre la operatoria: Whpei describió reuniones en el despacho del juez en la calle Entre Ríos para tratar “cuestiones técnicas” y señaló que los arreglos económicos se habrían cerrado con Busaniche en encuentros en un hotel y en un bar del centro porteño. La entrega del dinero, según la acusación, estaba prevista en efectivo.
En forma simultánea a la causa penal, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura tramita una investigación disciplinaria contra Salmain. Además del presunto cohecho, los consejeros evalúan antecedentes del magistrado: se investiga que omitiera en su concurso haber sido separado de la Justicia por un intento de coimear a una empleada cuando prestaba funciones en el fuero de la Seguridad Social.
Los planteos en el Comodoro Py
Salmain no es el único que busca defensa en los tribunales federales de Comodoro Py. La defensa de Santiago Busaniche presentó un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal alegando la “insustancia de la acción penal”.
El expediente recayó en la Sala III, pero la intervención efectiva de ese tribunal es incierta: el juez Gemignani anunció su jubilación a partir del 1o de marzo, por lo que será necesario designar a su reemplazo para que la sala resuelva el destino de los planteos.
