El Ministerio de Salud aprobó este jueves por la madrugada el Plan Nacional de Alzheimer y Trastornos Relacionados, un programa destinado a brindar apoyo a las personas diagnosticadas, a sus familias y a impulsar una campaña de promoción y prevención.
El ministro de Salud, Mario Lugones, oficializó el plan tras la publicación de la resolución 279/2026 en el Boletín Oficial. El programa quedó enmarcado en la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental.
Las autoridades informaron que la aplicación del plan no implicará un gasto presupuestario adicional para la jurisdicción. La implementación quedará a cargo de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental, que podrá dictar normas complementarias, guías y directrices para asegurar su cumplimiento.
El ministerio destacó que la Enfermedad de Alzheimer (EA) es una de las patologías neurodegenerativas más prevalentes a nivel mundial, especialmente en personas mayores, por lo que consideró “oportuno y necesario” coordinar acciones para poner en marcha el programa.
El objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y de sus familiares, transformar las prácticas de atención y fortalecer la capacitación y la investigación sobre estas patologías.
El plan también abarcará a quienes hayan sido diagnosticados con Deterioro Cognitivo Leve (DCL), Demencia con Cuerpos de Lewy (DCLe) y Demencia Frontotemporal (DFT).
Cómo funcionará el Plan Nacional de Alzheimer y Trastornos Relacionados
Según la cartera de Salud, el fortalecimiento de políticas públicas para la prevención, el diagnóstico y el acompañamiento de la Enfermedad de Alzheimer y trastornos relacionados se definió como prioridad. El plan nacional se estructura en seis ejes de acción.
La misión es transformar el abordaje social y sanitario de la demencia, reducir el estigma y promover una atención integral centrada en la dignidad y la calidad de vida de las personas afectadas, tal como indican los lineamientos presentados.
Desde la perspectiva de familias y cuidadores, el plan apunta a ofrecer apoyo psicológico y social continuo, y a garantizar la capacitación tanto de profesionales como de cuidadores informales —familiares y amigos— para mejorar la calidad del cuidado y evitar el uso inadecuado de medicamentos.
El primer eje busca visibilizar el Alzheimer como un desafío central de salud pública mediante campañas nacionales sostenidas y participativas. Los mensajes se difundirán por canales oficiales y estarán disponibles para cada jurisdicción.
La información será accesible, actualizada y culturalmente pertinente, abordando temas como los síntomas iniciales, los factores de riesgo y los derechos de las personas afectadas, con el propósito de reducir el estigma social y promover la inclusión.
También se promoverán mensajes positivos que destaquen las capacidades preservadas de quienes viven con Alzheimer y la importancia de las redes de apoyo. Las estrategias incluyen talleres, charlas y actividades intergeneracionales para fomentar la comprensión pública, la detección temprana y la adaptación de entornos amigables con la demencia.
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Se prevé el desarrollo de capacitaciones y materiales educativos en múltiples formatos —folletos, videos, guías y podcasts— adaptados a distintos grupos etarios y contextos regionales, con el fin de lograr una cobertura territorial amplia.
Un aspecto central será promover estilos de vida saludables, incluyendo el control de factores de riesgo cardiovascular, una alimentación equilibrada, la actividad física y la estimulación cognitiva, integrando estas medidas en la atención primaria.
El plan también incentivará la celebración de convenios de investigación cooperativa con diversas instituciones para impulsar nuevas líneas de estudio y mantener actualizada la recolección de datos epidemiológicos, clínicos y sociales.
Finalmente, uno de los ejes prioriza la elaboración de un diagnóstico epidemiológico sobre la Enfermedad de Alzheimer y los Trastornos Relacionados, para disponer de información precisa sobre prevalencia, incidencia y distribución geográfica, datos esenciales para diseñar políticas públicas adecuadas y su monitoreo a largo plazo.
