Cristian Jerónimo, secretario general de la CGT, cuestionó a los mandatarios que dieron quórum y votos en Diputados para la reforma laboral y adelantó que la central obrera acudirá a la vía judicial si la ley avanza en el Senado.
Manifestó que siente “vergüenza” por esas decisiones y acusó a los gobernadores de traicionar a los trabajadores, al considerar que sus justificativos de beneficiar a las provincias no tendrán un impacto real.
Mencionó casos concretos como Tucumán, Catamarca y Salta, y sostuvo que el tiempo juzgará esas decisiones. Insistió en que la resolución del conflicto es política, porque la norma se define en el Congreso, donde la CGT no vota pero procura generar conciencia.
Jerónimo destacó la magnitud del paro nacional y afirmó que afectó a todo el entramado productivo: industrias y otros sectores también se detuvieron. Señaló que la protesta fue transversal y no se limitó al transporte, reflejando rechazo a la modificación de derechos laborales.
La CGT prepara una respuesta en dos frentes ante la posible sanción de la reforma. Jerónimo afirmó que una de las vías será la judicial, ya que consideran que el proyecto contraviene la Constitución Nacional.
A la vez, indicó que la resistencia continuará en el territorio y en las bases, defendiendo los derechos laborales y evitando retrocesos. Anticipó que entre hoy y el lunes se reunirán para definir los próximos pasos del plan de acción acordado en diciembre.
Negó haber mantenido negociaciones con el Gobierno sobre la reforma laboral y los aportes sindicales: aseguró que nunca hubo convocatoria formal al diálogo ni acuerdos con las autoridades en ese sentido.
Aclaró que las decisiones en la central obrera se toman de forma colectiva y descartó versiones sobre acuerdos secretos. Sí reconoció que hubo diálogos con senadores de distintos bloques para construir mayorías o modificar artículos del proyecto.
También cuestionó a la Unión Industrial Argentina por no defender la industria nacional y por acompañar, a su juicio, una ley regresiva; criticó que se responsabilice a los derechos laborales por el cierre de empresas en lugar de abordar otras causas.
