La inteligencia de Ucrania desmanteló un grupo clandestino acusado de planear asesinatos selectivos contra figuras clave del país y combatientes extranjeros. Las autoridades señalaron que la célula actuaba bajo órdenes de los servicios secretos rusos y que su coordinación estuvo a cargo de un ciudadano moldavo reclutado mientras cumplía condena en Rusia.
Según el informe oficial, el grupo ofrecía hasta 100.000 dólares por cada objetivo eliminado, con variaciones según la importancia de la víctima. Entre los blancos figuraban altos mandos de la inteligencia militar ucraniana, directivos de empresas estratégicas, miembros de la legión extranjera que lucha junto a Kiev y periodistas con proyección internacional.
La operación, denominada Enigma 2.0, terminó con la detención de diez personas: siete en Ucrania y tres en Moldavia, entre ellos el organizador principal. El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) informó que la acción incluyó el ingreso a un piso seguro donde se encontraba uno de los sospechosos.
El líder de la célula, un moldavo de 34 años con antecedentes, fue captado por agentes rusos durante su estancia en una prisión de Rusia, según el SBU. A él se le atribuye la creación de una red encubierta y el reclutamiento de personas con experiencia militar y afinidad ideológica con el Kremlin.
El grupo operaba con equipos separados de vigilancia y ejecución. Los métodos previstos para los asesinatos incluían disparos a corta distancia y atentados con coches bomba. Para entrar en Ucrania, los miembros se presentaban como turistas y se alojaban en viviendas alquiladas en distintas regiones.
Los agentes empleaban identidades falsas y se hacían pasar por mensajeros de servicios de entrega para acercarse a sus objetivos. El SBU explicó que “tomaron fotografías y videos de las personas señaladas, registraron su ubicación en Google Maps y remitieron la información a sus contactos en Rusia”.
En el operativo se incautaron teléfonos móviles, equipos informáticos, armas, municiones y explosivos. Ese material permitió a los investigadores acceder a comunicaciones directas con mandos rusos, aportando pruebas de la coordinación y el financiamiento de la red.
Según el SBU, la célula estaba formada por el líder principal, dos agentes de confianza y varios cómplices reclutados en Ucrania, en países de la Unión Europea y en la región separatista de Transnistria. Las transferencias de fondos para los atentados se realizaban mediante monederos electrónicos y tarjetas bancarias de instituciones extranjeras.
Andriy Yusov, jefe de comunicaciones estratégicas de la Dirección General de Inteligencia Militar (GUR) de Ucrania, figuraba entre los objetivos más destacados. Yusov confirmó a medios locales su inclusión en la lista, sin detallar las medidas de seguridad adoptadas.
Los informes sostienen que los servicios secretos rusos buscaban generar pánico y desestabilizar la situación sociopolítica en Ucrania mediante el asesinato de figuras públicas y la difusión mediática de esos hechos.
Las autoridades ucranianas abrieron causas penales por preparación de asesinato premeditado por encargo y por manejo ilegal de armas, municiones o explosivos. El proceso está en manos de los tribunales de Kiev, que anticiparon cooperación judicial con Moldavia y otros países implicados en la investigación.
Fuentes del SBU destacaron que la célula contaba con personas afines al Kremlin y con experiencia militar, y que la operación Enigma 2.0 permanece abierta a nuevas detenciones. Un portavoz afirmó que “la amenaza persiste, pero hemos logrado neutralizar una de las redes más peligrosas dedicadas a la guerra en la sombra”.
La operación contó con respaldo internacional y puso de relieve la dimensión transnacional de los intentos de desestabilización atribuidos a los servicios secretos rusos en el contexto del conflicto con Ucrania.
