La inteligencia ucraniana desmanteló un escuadrón clandestino acusado de planear asesinatos selectivos contra figuras clave del país y combatientes extranjeros. Según los servicios de seguridad de Kiev, la célula actuaba bajo órdenes de los servicios secretos rusos y estaba coordinada por un ciudadano moldavo reclutado durante su estancia en una prisión rusa.
El informe oficial indica que el grupo ofrecía hasta 100.000 USD por cada objetivo, con montos variables según la relevancia de la víctima. Entre los blancos identificados figuraban altos mandos de la inteligencia militar ucraniana, directivos de empresas estratégicas, miembros de la legión extranjera que apoya a Kiev y periodistas con proyección internacional.
La operación denominada Enigma 2.0 concluyó con la detención de diez personas: siete en territorio ucraniano y tres en Moldavia, incluido el supuesto organizador principal. El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) explicó que la intervención incluyó el registro de un piso seguro donde se encontraba uno de los sospechosos.
El líder de la célula, un moldavo de 34 años con antecedentes, habría sido captado por agentes rusos mientras cumplía condena en Rusia. A él se le atribuye el diseño de la red encubierta y el reclutamiento de personas con experiencia militar y afinidad ideológica con el Kremlin.
El grupo operaba con equipos de vigilancia y escuadras de ejecución. Los métodos descritos para los atentados incluían disparos a corta distancia y el uso de coches bomba. Para ingresar a Ucrania, los miembros se hacían pasar por turistas y se distribuían en viviendas alquiladas en distintas regiones.
El SBU señaló que los agentes empleaban identidades falsas, fingiendo ser repartidores de mensajería para aproximarse a sus objetivos. Un vocero detalló: “Tomaron fotografías y videos de las personas señaladas, registraron su ubicación en Google Maps y remitieron la información a sus contactos en Rusia”.
En el operativo se incautaron teléfonos móviles, equipos informáticos, armas, municiones y explosivos. Estos elementos permitieron a los investigadores acceder a correspondencia directa con mandos rusos y obtener pruebas sobre la coordinación y el financiamiento de la red.
Según el SBU, la célula estaba integrada por el líder principal, dos agentes de confianza y varios cómplices reclutados en Ucrania, otros países de la Unión Europea y la región separatista de Transnistria. Las transferencias de fondos para los atentados se habrían realizado mediante monederos electrónicos y tarjetas bancarias de entidades financieras extranjeras.
Andriy Yusov, jefe de comunicaciones estratégicas de la Dirección General de Inteligencia Militar (GUR) de Ucrania, figuró entre los objetivos más destacados. Yusov confirmó a medios locales que aparecía en la lista, sin ofrecer detalles sobre las medidas de seguridad adoptadas.
Los informes sostienen que los servicios secretos rusos buscaban generar pánico y desestabilizar la situación sociopolítica en Ucrania mediante el asesinato de figuras públicas y la difusión mediática de esos hechos.
Las autoridades ucranianas abrieron causas penales por preparación de asesinato premeditado por encargo y por manejo ilegal de armas, municiones o explosivos. El proceso está tramitándose ante los tribunales de Kiev, que anunciaron cooperación judicial con Moldavia y otros países implicados en la investigación.
Fuentes del SBU subrayaron que la célula contaba con “personas afines, pro-Kremlin y con experiencia militar” y que la operación Enigma 2.0 permanece abierta a nuevas detenciones. Un portavoz afirmó: “La amenaza persiste, pero hemos logrado neutralizar una de las redes más peligrosas dedicadas a la guerra en la sombra”.
La operación contó con el apoyo de organismos internacionales y puso de manifiesto la dimensión transnacional de los intentos de desestabilización presuntamente orquestados por los servicios secretos rusos en el marco del conflicto con Ucrania.
