La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló los aranceles generalizados impuestos por el expresidente Donald Trump provocó reacciones inmediatas en el exterior, especialmente en la Unión Europea y Canadá. Olof Gill, portavoz de comercio de la UE, afirmó que el bloque está “analizando cuidadosamente” la sentencia y mantiene un diálogo cercano con la administración estadounidense para definir próximos pasos. Gill subrayó que “las empresas de ambos lados del Atlántico dependen de la estabilidad y la previsibilidad en las relaciones comerciales”, y reiteró el compromiso europeo con la reducción de gravámenes y un entorno de tarifas bajas.
El fallo también condiciona el proceso legislativo europeo, pues pone en duda la ejecución del acuerdo comercial recientemente negociado entre Estados Unidos y la UE, que preveía aranceles del 15% sobre la mayoría de productos europeos. Bernd Lange, presidente del Comité de Comercio del Parlamento Europeo, valoró la resolución judicial y anunció la convocatoria urgente del equipo negociador del parlamento para evaluar las implicaciones antes de la próxima votación del comité.
Reino Unido adoptó una posición de cautela. Un portavoz del gobierno británico indicó que “trabajaremos con la administración estadounidense para entender cómo esta decisión afectará a los aranceles para Reino Unido y el resto del mundo”.
El gobierno británico destacó que “Reino Unido se beneficia de aranceles recíprocos entre los más bajos del mundo” y espera que, en cualquier escenario, su posición comercial privilegiada con Estados Unidos se mantenga.
Un acuerdo con Washington permite a Londres beneficiarse de tasas arancelarias limitadas, en torno al 10% sobre la mayoría de los productos británicos.
Canadá expresó su respaldo al fallo y sostuvo que refuerza su postura de que los aranceles impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) son “injustificados”. El ministro Dominic LeBlanc recordó que, pese a la sentencia, sectores clave como el acero, el aluminio y la industria automotriz canadiense siguen afectados por aranceles aplicados bajo la Sección 232 por motivos de seguridad nacional. LeBlanc añadió que, ante la próxima revisión del T-MEC, Ottawa trabaja para diversificar sus vínculos comerciales y reducir la dependencia del mercado estadounidense.
Miles de empresas obtuvieron una victoria significativa con la resolución del Supremo, que invalida el uso de la IEEPA de 1977 para imponer aranceles generales a las importaciones. El fallo abre la posibilidad de un proceso de reembolsos que, según economistas del Penn-Wharton Budget Model, podría llegar hasta 175.000 millones de dólares. Esto afecta no solo a las compañías que demandaron al Gobierno sino a un conjunto más amplio de firmas que ahora podrán solicitar devoluciones.
El efecto en los mercados fue inmediato: las bolsas de Estados Unidos y Europa subieron, lideradas por empresas directamente afectadas por los aranceles. Entre las más beneficiadas figuraron LVMH, Hermès y Moncler, así como fabricantes de automóviles, electrónica y confección que dependen de insumos de bajo costo de Asia. Los aranceles de la administración Trump habían elevado los costos de importación, reducido márgenes y alterado cadenas de suministro globales.
Desde abril, más de 1.800 demandas relacionadas con los aranceles se han presentado ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, frente a menos de veinte casos en 2024. Empresas como Toyota, Costco, Goodyear, Alcoa, Kawasaki Motors y EssilorLuxottica figuran entre los demandantes. Expertos legales advierten que recopilar datos para calcular los montos pagados será complejo, porque los regímenes arancelarios se aplicaron en distintos periodos y muchas multinacionales no cuentan con registros unificados.
La sentencia también generó expectativas entre asociaciones empresariales estadounidenses. El grupo We Pay the Tariffs exige compensaciones para las empresas afectadas, mientras que la Federación Nacional de Minoristas (NRF) valora la certeza jurídica aportada por la decisión y considera que las devoluciones podrían actuar como estímulo económico al facilitar la reinversión en operaciones y empleo. Consultoras como Capital Economics estiman que las reclamaciones de reembolso podrían rondar los 120.000 millones de dólares, aunque la cifra final dependerá de la resolución de litigios y trámites administrativos.
Las reacciones políticas en Estados Unidos mostraron tanto divisiones partidistas como acuerdos sobre el impacto económico de los aranceles. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, calificó la decisión como “una victoria para el bolsillo de todos los consumidores estadounidenses”, criticando la política arancelaria de Trump por haber intentado gobernar por decreto y cargar el coste sobre las familias, y celebró el fin de lo que llamó una “guerra comercial”.
En el ámbito republicano la respuesta fue más matizada. El senador por Kentucky, Rand Paul, afirmó que el fallo garantiza que ningún futuro presidente podrá “utilizar poderes de emergencia” para imponer medidas económicas de amplio alcance, reconociendo así el alcance de la decisión judicial sin una crítica directa a la administración Trump.
Especialistas en política comercial, como Scott Lincicome del Instituto Cato, consideraron el fallo “una buena noticia para los importadores estadounidenses” y para la economía en general, y pidieron que el Gobierno federal reembolse las “decenas de miles de millones de dólares” recaudados bajo la legislación invalidada. Lincicome advirtió que el proceso de devolución podría exigir nuevos litigios y trámites administrativos.
Organizaciones empresariales como la NRF destacaron que la sentencia aporta la certeza necesaria para planificar inversiones y operaciones. Asociaciones que han impugnado los aranceles, como We Pay the Tariffs, insistieron en la necesidad de compensar a las compañías perjudicadas; su director ejecutivo, Dan Anthony, señaló que “una victoria legal carece de sentido sin un alivio real” para quienes asumieron los costos.
La controversia se originó en el uso que hizo Donald Trump de la IEEPA de 1977, una ley que permite al presidente imponer medidas comerciales en situaciones excepcionales. Trump invocó esa norma para aplicar aranceles amplios a importaciones de varios países, alegando razones de seguridad nacional y la necesidad de proteger la industria estadounidense. Bajo ese marco se gravaron productos procedentes de socios como la Unión Europea, Canadá, México y China, con especial impacto en sectores como acero, aluminio, automoción y bienes de consumo.
La política arancelaria de Trump promovió una ola de negociaciones bilaterales y multilaterales. En 2025 la UE y Estados Unidos habían acordado un arancel del 15% sobre la mayoría de productos europeos, pero la sentencia del Supremo ha dejado incierto el futuro de ese pacto. En el caso de Canadá, los aranceles llevaron al país a buscar alternativas de exportación y a acelerar la diversificación de su economía, dado que una gran porción de sus ventas al exterior se destinaba a Estados Unidos.
El endurecimiento arancelario también impulsó una escalada de litigios empresariales ante el Tribunal de Comercio Internacional: desde abril, más de 1.800 compañías iniciaron acciones para recuperar importes pagados, frente a menos de veinte casos en 2024. Entre los demandantes hay multinacionales de los sectores automotriz, manufacturero y de bienes de consumo, lo que evidencia el alcance transversal de la medida.
El fallo del Supremo marca una inflexión en la política comercial estadounidense, al limitar la capacidad de actuación unilateral del Ejecutivo y reforzar la supervisión judicial sobre decisiones que afectan a la economía global y a millones de trabajadores y consumidores.
(Con información de AFP, Reuters y EFE)
