La Corte Suprema de Brasil declaró culpables a dos políticos por ordenar el asesinato de la concejala Marielle Franco. El tribunal concluyó que los hermanos Domingos Brazão y Chiquinho Brazão planificaron el homicidio del 14 de marzo de 2018 y fueron condenados a cumplir 76 años de prisión cada uno.
Además, deberán pagar una indemnización de 7 millones de reales (aproximadamente 1,3 millones de dólares) a las familias de las víctimas.
La investigación determinó que Marielle Franco, conocida por su defensa de las comunidades pobres y por cuestionar los intereses de las milicias, fue asesinada cuando un expolicía disparó contra el vehículo en el que se trasladaba por el centro de Río de Janeiro.
En el ataque también falleció su chofer, Anderson Gomes, y una asesora resultó herida. El crimen tuvo la finalidad de enviar un mensaje intimidatorio a otros actores políticos que se opusieran al poder de las milicias.
Durante el juicio, el magistrado Alexandre de Moraes afirmó que los hermanos Brazão tenían vínculos con las milicias y formaban parte de esas estructuras armadas.
Precisó que la motivación para ordenar la muerte de Franco estuvo vinculada a la amenaza que representaba su labor parlamentaria contra la expansión de urbanizaciones ilegales en barrios pobres, una de las principales fuentes de ingresos de esas organizaciones.
Familiares de la concejala, dirigentes políticos y los abogados de los acusados asistieron a la audiencia pública celebrada en Brasilia.
Además de los hermanos Brazão, el Supremo Tribunal Federal condenó al exjefe de la policía civil Rivaldo Barbosa a 18 años de prisión, y al exmilitar Ronald Paulo de Alves (conocido como Major Ronald) y al exasesor Robson Calixto Fonseca (apodado Peixe) a 56 años de reclusión cada uno.
La sentencia establece que los hermanos Brazão son responsables de doble homicidio calificado y de tentativa de homicidio contra la asesora Fernanda Chaves, así como de integrar una organización criminal armada.
Fonseca fue condenado únicamente por su participación en la organización criminal, mientras que Barbosa fue responsabilizado por obstrucción de la justicia y corrupción pasiva, por su papel en el encubrimiento del crimen y en garantizar la impunidad de los autores materiales.
Durante el proceso, la defensa admitió la existencia de lazos entre el poder político local y las organizaciones criminales, pero sostuvo que los hermanos Brazão no participaron directamente en el homicidio.
Uno de los abogados señaló que en Río de Janeiro existe una relación de poder entre la política y las milicias que condiciona las acciones de los actores políticos.
El fallo del Supremo Tribunal Federal fue posible gracias a la delación premiada de Ronnie Lessa, el expolicía condenado a 78 años de prisión por disparar el arma que mató a la concejala.
Lessa describió la logística del crimen y vinculó a los hermanos Brazão con la planificación y el financiamiento de la operación, lo que permitió a los investigadores reconstruir los hechos.
(Con información de AFP)
