La Justicia rechazó un nuevo pedido del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, para viajar al exterior. Tapia había planteado asistir a la inauguración de la Federación Venezolana de Fútbol en Barquisimeto entre el 28 de febrero y el 3 de marzo, y pidió además prorrogar su salida hasta el martes siguiente para viajar desde Río de Janeiro a Caracas; ese pedido fue denegado por el juez Diego Amarante.
Amarante ya había autorizado previamente a Tapia viajes a Colombia y Brasil pese a que está imputado por presunto lavado de dinero y desvío de fondos. Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, fueron citados a prestar declaración indagatoria para el 5 de marzo, pero solicitaron la nulidad de esa citación. A ambos se les atribuye la supuesta retención indebida de aportes por más de $19.353 millones.
Los recursos fueron presentados por los abogados Norberto Frontini y Lucio Simonetti; el juez Amarante deberá decidir si hace lugar a la nulidad o mantiene la convocatoria. La defensa argumenta, entre otros puntos, que está pendiente una apelación ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico contra la decisión que negó el sobreseimiento por inexistencia de delito, y que resoluciones del Ministerio de Economía (como la 17/2024 y sus prórrogas) suspendieron ejecuciones fiscales contra asociaciones civiles, lo que, según los letrados, impediría encuadrar el caso en el ámbito penal. También apelaron la prohibición de salida del país impuesta a los imputados.
La fiscalía y ARCA se opusieron a esos argumentos y el juez respaldó su postura, señalando que la suspensión de ejecuciones fiscales no elimina la obligación tributaria ni autoriza a omitir pagos.
Por otra parte, la Inspección General de Justicia (IGJ) respondió a Tapia indicando que la AFA permanece bajo su jurisdicción, al considerar que el traslado de la sede a Pilar no cumplió los requisitos legales. El titular de la IGJ, Daniel Vítolo, calificó de “patético” el comunicado difundido por la AFA y justificó el pedido de veedores para revisar documentación contable, financiera y contractual. Vítolo aclaró que la entidad no canceló su inscripción ante la IGJ —condición necesaria para cambiar de ámbito de control—, mencionó presuntas irregularidades administrativas y explicó que la veeduría pretende fiscalizar información ante inconsistencias detectadas, sin constituir una intervención.
