El partido opositor Voluntad Popular (VP) informo este miercoles que Macario Gonzalez, miembro de su direccion nacional y exalcalde de Barquisimeto (estado Lara), permanece detenido desde hace dos meses sin acceso a sus familiares ni a sus abogados, y que las autoridades no han comunicado su paradero. VP califico la situacion como una violacion de los derechos humanos y la definio como una desaparicion forzada.
La organizacion senalo que Gonzalez no ha sido acusado de ningun delito y lo describio como un docente y exalcalde dedicado al servicio publico. Ademas advirtio que su vida podria correr peligro por ser un adulto mayor de 73 anos que padece hipertension.
VP tambien denuncio que el activista Luis Somaza, detenido el 12 de febrero, esta aislado en una celda pequena y sufre hidradenitis supurativa, una enfermedad cronica y dolorosa de la piel que provoca nodulos con supuracion, lo que agrava su situacion en aislamiento.
La formacion exigio la liberacion de Gonzalez, de Somaza y de todos los presos politicos, que segun la ONG Foro Penal ascienden a 884 personas. Por su parte, el gobierno venezolano afirma que no existen presos politicos y sostiene que quienes estan detenidos han cometido hechos punibles graves.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdon informo este sabado que ha recibido denuncias sobre castigos, suspension de visitas y maltratos a presos politicos en carceles de Venezuela. En un comunicado difundido en X, indico que familiares alertaron sobre abusos que incluyen golpes, restriccion de alimentos y trato humillante.
La organizacion agrego que, como defensores de derechos humanos, acompanan a las familias y hacen un llamado urgente a las autoridades para que garanticen la integridad fisica, la vida y la dignidad de las personas privadas de libertad, y para que cesen practicas que puedan poner en riesgo su seguridad y derechos.
Estas denuncias, provenientes de partidos opositores y organizaciones de derechos humanos, reflejan una creciente preocupacion por la situacion de los presos politicos en Venezuela. Mientras el gobierno niega la existencia de detenciones por motivos politicos, familiares, activistas y defensores reclaman garantias basicas, mayor transparencia y la liberacion de quienes consideran detenidos injustamente.
(Con informacion de EFE)
