Ivana de Lourdes Acosta, una trabajadora con discapacidad motriz severa empleada en la Empresa Provincial de Energia de Cordoba (Epec), inicio un proceso judicial en la ciudad de Cordoba por presunta violencia en el ambito laboral contra la empresa estatal y dos de sus empleados.
El expediente se tramita ante el Tribunal de Gestion Asociada de Conciliacion y Trabajo 1, a cargo de la jueza Valeria Del Valle Emmenecker. Acosta, psicologa que ingreso a Epec en 2015 para desempenarse en el Centro Preventivo de Salud Ocupacional (Cepso), declara haber sido victima de acoso laboral persistente y afirmo a La Voz haber sufrido una “discriminacion constante y sistematica” por parte del jefe de su area, junto con la indiferencia del gerente de recursos humanos ante sus reclamos.
Juicio contra Epec por acoso laboral: los detalles del caso
Segun la denuncia, la hostilidad incluyo discriminacion por su condicion fisica y episodios de violencia de genero. Acosta necesita una silla de ruedas motorizada y presenta particularidades en su forma de hablar; relata que colegas se burlaban de sus movimientos, gestos y manera de expresarse, especialmente cuando ella no podia verlos.
La demandante, que ingreso a la empresa en un contexto de vulnerabilidad tras la muerte de su hermana, describio su experiencia como la “cronica de una demolicion sistematica de la integridad, la salud y espiritual”. Tambien denuncio la exclusion de reuniones virtuales de trabajo y la falta de provision de un vehiculo adaptado para participar en actividades laborales externas.
Ademas, afirmo que en 2020 le cancelaron a ultimo momento unas vacaciones autorizadas con explicaciones administrativas que considero endebles, pese a haber abonado hospedaje y pasajes. Al intentar reincorporarse de una licencia entre fines de 2021 y principios de 2022, asegura que la “presionaron” para que trabajara sin facilitarle las claves de acceso a los sistemas.
En que estado se encuentra la causa de discriminacion contra Epec
La demanda presentada en septiembre pasado no solo reclama reparacion economica. Como medida preventiva y formativa, la denunciante solicita que los dos acusados realicen capacitaciones obligatorias sobre trato respetuoso e igualitario hacia las mujeres en el ambito laboral, derechos de las personas con discapacidad y prevencion del acoso laboral.
Asimismo, solicita una indemnizacion por dano moral estimada en casi 58 millones de pesos con el fin de adquirir un automovil adaptado para su movilidad: 14 millones corresponderian a la unidad base y 43 millones a la plataforma elevadora de la silla.
Epec rechazo la presentacion judicial, argumentando que los hechos carecen de sustento factico y que la version de la psicologa no se ajusta a la “verdad juridica objetiva”. El principal demandado tambien nego haber incurrido en acoso, hostigamiento, discriminacion o violencia de genero y aporto una cronologia de medidas de apoyo que, segun su version, se aplicaron a favor de la empleada.
El caso esta en la etapa de prueba, previo a un juicio oral que requerira el analisis amplio de las pruebas por ambas partes. La jueza Emmenecker dispuso en 2024 el traslado de Ivana Acosta a otra seccion de Epec para evitar el contacto directo con los imputados, y ordeno que la empresa garantice un distanciamiento minimo de 15 metros, la instalacion de tabiques divisorios y que su nuevo puesto de trabajo y los sanitarios sean accesibles y adaptados a sus necesidades.
