Tras la denuncia de los familiares de Natalia Cruz —asesinada por su ex pareja en Campo Quijano— sobre la presunta negativa de la Policía de Salta a recibir su denuncia por violencia de género horas antes del crimen, el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, ordenó la elaboración de un informe integral sobre la actuación del Estado en este caso.
La fiscal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, será la responsable de confeccionar un resumen de cada una de las intervenciones realizadas por el aparato estatal. Según García Castiella, el propósito es evaluar la reacción institucional y reforzar la respuesta estatal frente a hechos graves de violencia de género.
La madre de Natalia relató que su hija viajó a Salta capital con la intención de radicar una denuncia y solicitar otra orden de restricción contra su pareja. Ese hombre, identificado como Daniel Orlando Serapio, es ahora el principal acusado del femicidio.
En una entrevista para el streaming de Qué Pasa Salta, la mujer afirmó que no pudo presentar la denuncia porque le dijeron que no había personal disponible en ese momento. Tras volver a su casa, horas después fue atacada de forma brutal.
Además, el entorno familiar cuestionó la presunta falta de medidas de protección en la escena del crimen. La madre de Cruz señaló que los padres de Serapio habrían ingresado a la vivienda mientras trasladaban a Natalia al hospital.
También criticaron la brevedad del allanamiento realizado en la casa de los padres del acusado. Señalaron que no se secuestraron teléfonos celulares ni se intentó rastrear comunicaciones, pese a que la madre del detenido admitió haber hablado con él antes de su fuga. “Me mandé una cagada, cuidá a los chicos”, le habría dicho antes de cortar.
Por estos indicios, la fiscalía plantea como hipótesis que la fuga de Serapio fue planificada y que contó con la ayuda de colaboradores, en particular porque se constató que escapó con su teléfono personal, ropa de abrigo y otros objetos personales.
El 27 de febrero se detuvo a dos sospechosos acusados de haber asistido a Serapio durante su huida; ambos fueron imputados provisoriamente por el delito de encubrimiento agravado.
En este contexto, el procurador general solicitó determinar cómo intervinieron el Ministerio Público Fiscal, las fuerzas de seguridad, los organismos de asistencia y los órganos judiciales, con el fin de analizar el cumplimiento de los protocolos y marcos normativos vigentes para asistir a víctimas de violencia de género.
Uno de los ejes del informe será evaluar si la respuesta institucional en el caso de Natalia Cruz fue adecuada, oportuna y coordinada, así como revisar los mecanismos de actuación y la cooperación entre las distintas instancias estatales.
Según informó El Tribuno, la misión también apunta a identificar áreas de mejora y a dejar establecidos estándares para futuras investigaciones de violencia de género de extrema gravedad. García Castiella afirmó que la revisión busca consolidar procedimientos que aseguren una respuesta integral, eficaz y ajustada a derecho frente al femicidio y casos similares.
Entre las herramientas que el Estado de Salta dispone para la prevención y el abordaje de la violencia de género, el procurador general mencionó el sistema único y centralizado de denuncias, que permite la intervención inmediata de la fiscalía y del juzgado especializado, la implementación de consigna policial y el uso de tecnologías de geolocalización para optimizar la actuación policial.
