La Santa Sede confirmó la culpabilidad del sacerdote Damián Rodríguez Alcobendas en una causa por abuso sexual contra un menor y aplicó sanciones canónicas que incluyen la prohibición de ejercer funciones eclesiásticas y de mantener contacto con menores. El religioso fue durante años una figura conocida en la comunidad de Nordelta.
La resolución fue comunicada por el Obispado de San Isidro luego de que el Colegio para el Examen de los Recursos en Materia de Delitos Graves del Vaticano rechazara la apelación presentada por el presbítero, ratificando la sentencia dictada anteriormente en el proceso administrativo penal canónico.
Según la decisión, Rodríguez Alcobendas fue declarado responsable del llamado “delito grave contra el sexto mandamiento cometido con un menor”, una figura del derecho canónico que se refiere a conductas sexuales impropias cometidas por un clérigo contra un niño o adolescente.
El fallo impone sanciones que limitan de manera permanente su actividad dentro de la Iglesia. Entre ellas figura la prohibición perpetua de ejercer cualquier oficio eclesiástico o desempeñar funciones directivas o administrativas en parroquias, seminarios o instituciones vinculadas a la Iglesia.
Además, el sacerdote queda impedido de ejercer la docencia en ámbitos teológicos o pastorales y de recibir encargos relacionados con tutorías, acompañamiento o cualquier otra tarea que implique contacto con menores de edad.
La sentencia también establece, por un período de cinco años, la prohibición del ejercicio público del ministerio sacerdotal, lo que significa que no podrá celebrar misas ni administrar sacramentos de cara a la comunidad.
Rodríguez Alcobendas fue durante años párroco de la Parroquia Sagrada Familia de Nordelta y se desempeñó como capellán en varios colegios católicos del complejo urbano ubicado en el partido de Tigre.
Según trascendidos, las denuncias presentadas en la justicia penal ordinaria no avanzaron por prescripción de los hechos denunciados. No obstante, la resolución canónica reconoce su responsabilidad dentro del ámbito eclesiástico.
En el comunicado difundido tras conocerse la decisión del Vaticano, el Obispado de San Isidro pidió perdón a la víctima, expresó su acompañamiento y sostuvo que la sanción busca garantizar que el sacerdote no vuelva a desempeñar funciones vinculadas con menores ni a áreas educativas.
