El conflicto en el frigorífico Ganadera San Roque, de Morón, pasó a una etapa de negociación formal después de que el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictara la conciliación obligatoria por 15 días, tras el envío de telegramas de despido y el anuncio del cierre de la planta.
La resolución ordenó retrotraer la situación al momento previo a los despidos y abrió un espacio de diálogo entre la empresa y el Sindicato de Trabajadores de la Carne de la zona oeste. Durante ese periodo, ni la firma ni el gremio pueden aplicar medidas de fuerza ni adoptar decisiones unilaterales.
Voceros que participaron de las reuniones describieron el alcance de la medida: “Se constituye una mesa de diálogo por 15 días para intentar acercar posiciones. Mientras tanto, todo se retrotrae al 27 de febrero, fecha de los telegramas de despido, y no se pueden realizar acciones directas por parte de trabajadores ni empleadores”, explicaron.
El plazo fijado por la cartera laboral puede prorrogarse por cinco días adicionales si no se llega a un acuerdo. El cronograma incluye una nueva audiencia prevista para el 19 de marzo, donde las partes evaluarán posibles soluciones al conflicto.
En tanto, los trabajadores retomaron la presencia en sus puestos dentro del establecimiento, aunque la producción dependerá de etapas previas del circuito industrial, como la llegada de la materia prima necesaria. En ese marco, la reapertura operativa de la planta quedó prevista para el próximo lunes.
El conflicto se originó cuando la empresa notificó despidos mediante telegramas, atribuyendo la medida a la situación económica general. En las comunicaciones la firma mencionó “cambios drásticos en las condiciones económicas del país” y una “indiscriminada apertura comercial” que, según la compañía, provocaron una fuerte caída del consumo e hicieron inviable la continuidad de la producción.
El sindicato rechazó esa explicación y pidió la intervención del Ministerio de Trabajo. La organización denunció que la planta quedó en “estado de asamblea permanente” por lo que consideró despidos arbitrarios.
El gremio intimó a la empresa a revertir la decisión: “Intimamos a la parte empleadora a que deje sin efecto los despidos con la inmediata reincorporación y el pago de salarios caídos; de lo contrario adoptaremos medidas de acción directa, legales y sociales para garantizar las fuentes de trabajo de los empleados desvinculados”, señalaron desde el sindicato.
Durante la primera audiencia en la delegación Morón del Ministerio, la empresa ratificó las cesantías, aunque aceptó acogerse al esquema de conciliación para abrir un proceso de negociación.
El acta firmada por el delegado ministerial David Ponce consignó el objetivo de la medida: “Se torna imprescindible restablecer la paz social, procurando mantener la fuente de trabajo y los niveles de producción a fin de encontrar un punto de partida eficaz para encausar el diálogo”.
La mesa de discusión reúne a representantes legales del frigorífico, dirigentes del sector cárnico y funcionarios del Ministerio, que supervisan el cumplimiento de la conciliación y el pago de salarios durante este período.
En el trasfondo del conflicto existe otra preocupación gremial: circula la sospecha de que la empresa busca reconfigurar las condiciones laborales del plantel amparada en el nuevo marco regulatorio de la reforma laboral sancionada por el Congreso.
Un interlocutor cercano a las negociaciones planteó esa hipótesis: “La empresa tiene trabajo, no está en crisis. Lo que intenta es reformular los acuerdos salariales y dejar de pagar conceptos considerados como ‘changas’, que representan un diferencial importante en el ingreso de cada trabajador”, afirmó.
La resolución dejó la definición en manos de la mesa de negociación abierta por el Ministerio, donde se decidirá si la planta retoma su actividad con el personal actual o si la empresa modifica su esquema laboral. Por ahora, la conciliación obligatoria impidió el cierre y mantuvo las fuentes de trabajo, al menos durante las próximas semanas.
