El debate oral y público por la tragedia ocurrida en los calabozos de la Comisaría 3a de Transradio se lleva a cabo en el Juzgado en lo Correccional N.o 7 de Lomas de Zamora. En la causa están imputados un subcomisario y cuatro efectivos, quienes son investigados por su presunta responsabilidad en los hechos que provocaron la muerte de varias personas privadas de su libertad.
El episodio, conocido como la Masacre de Esteban Echeverría, tuvo lugar en la madrugada del 15 de noviembre de 2018. Durante una protesta dentro de las celdas, algunos detenidos prendieron fuego a un colchón; las llamas se propagaron con rapidez por la presencia de otros colchones y mantas inflamables, así como por las condiciones estructurales y de hacinamiento del lugar. En el momento del siniestro había alrededor de 26 o 27 personas alojadas en la dependencia.
Como consecuencia del incendio, diez personas fallecieron: dos murieron en el lugar y otras ocho fallecieron en hospitales en los días siguientes. Organismos de derechos humanos y sectores de la comunidad calificaron el suceso como una masacre, en atención a la magnitud de las pérdidas y a las circunstancias en las que se produjo el incendio.
Años después del incidente, se colocó un homenaje en la entrada de la comisaría de Esteban Echeverría en memoria de las víctimas, un gesto que recuerda tanto la tragedia como la demanda de esclarecimiento y responsabilidad. El juicio oral busca reconstruir lo sucedido, determinar responsabilidades y evaluar si hubo negligencia, incumplimiento de las obligaciones de custodia o conductas concretas de los agentes que agraven su responsabilidad.
El carácter público del debate implica que la audiencia y las pruebas sean presentadas en forma abierta, lo que permite que familiares, organizaciones civiles y la sociedad en general conozcan los planteos de la fiscalía, las defensas y las pruebas testimoniales y periciales. La investigación recopila declaraciones de testigos, peritajes sobre el origen y la propagación del fuego, y documentación sobre las condiciones de detención en la comisaría al momento del siniestro.
El proceso judicial pretende brindar una respuesta institucional a la magnitud del hecho, ofrecer certezas a los familiares de las víctimas y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes si se comprueba la responsabilidad penal de los imputados. Al mismo tiempo, el caso reaviva el debate público sobre las condiciones carcelarias, la seguridad en dependencias policiales y las garantías de integridad de las personas privadas de libertad.
