Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete y posible precandidato en las próximas elecciones porteñas, enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que examina su patrimonio, operaciones inmobiliarias y movimientos financieros.
Entre los puntos clave del expediente está la compra de un departamento en Caballito de casi 200 metros cuadrados, declarado en 230.000 dólares; no obstante, gran parte de la operación habría sido financiada por terceros, lo que generó dudas sobre el origen de los fondos.
El fiscal Gerardo Pollicita investiga si esas personas actuaron como testaferros o si la operación buscó ocultar la procedencia real del dinero empleado en la compra.
La pesquisa alcanza además otras propiedades vinculadas al entorno familiar, incluida una vivienda en un country bonaerense registrada a nombre de su esposa, y procura verificar si los gastos son consistentes con los ingresos declarados.
Asimismo, la escribana Adriana Nechevenko, que intervino en varias operaciones, fue citada a declarar para aclarar su rol en la estructura patrimonial bajo análisis.
Otro eje de la causa son vuelos privados a Uruguay en los que aparece el nombre del periodista Marcelo Grandio; la investigación busca determinar si esos viajes fueron pagados por el funcionario o constituyeron beneficios no declarados.
La causa se tensó tras la declaración de una empleada del sector aeronáutico que denunció supuestas irregularidades en la facturación de esos vuelos, lo que motivó medidas judiciales para proteger a la testigo. El expediente está a cargo del juez Ariel Lijo.
Además, informes migratorios que contradicen versiones públicas sobre sus viajes al exterior alimentan la sospecha de que el nivel de gastos podría ser superior al declarado oficialmente.
Con la campaña electoral en marcha, el avance de la investigación podría incidir tanto en el futuro judicial de Adorni como en el escenario político, en un contexto en el que la transparencia y la rendición de cuentas ocupan un lugar central en el debate público.
