Ante la aparición de carteles amenazantes en escuelas de la provincia de Buenos Aires, las autoridades de Educación y de Seguridad se reunieron con los gremios docentes para evaluar medidas y reforzaron, mediante un protocolo, los criterios de actuación frente a este tipo de hechos en los establecimientos.
La reunión fue encabezada por Flavia Terigi, directora general de Cultura y Educación bonaerense, y por el ministro de Seguridad, Javier Alonso. Participaron además representantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que presentaron propuestas para enfrentar las “nuevas dificultades originadas en comunidades digitales que promueven acciones violentas”.
Entre las propuestas se incluyeron la realización de jornadas institucionales para analizar la problemática; políticas de salud mental dirigidas a niñas y jóvenes; formación específica para directivos y docentes; espacios de trabajo con las familias; talleres para estudiantes; y la convocatoria a la mesa interministerial provincial y a las intersectoriales distritales.
Desde la cartera de Educación confirmaron que impulsarán la conformación de mesas intersectoriales para abordar situaciones conflictivas o violentas en el ámbito escolar, convocarán a una reunión interministerial para coordinar acciones y mantendrán un monitoreo conjunto de la situación.
El protocolo establece que, ante la detección de mensajes que aludan a un posible tiroteo o a la presencia de armas, los establecimientos deben actuar con celeridad para priorizar la preservación de la vida y la integridad física y emocional de la comunidad educativa.
En caso de amenazas, el personal debe informar al equipo directivo, que a su vez notificará a los inspectores de enseñanza y a las autoridades distritales y regionales. Paralelamente, la dirección del establecimiento deberá presentar la denuncia ante la fiscalía o la dependencia judicial correspondiente para que se inicie la investigación pertinente.
El protocolo aclara que, en una primera instancia, se debe evitar la identificación de estudiantes para garantizar sus derechos durante el proceso. La medida aplica a mensajes con contenido amenazante detectados en inscripciones, cartelería u otros soportes digitales.
Si la situación fuera más extrema, con un estudiante exhibiendo un arma dentro de la escuela, el protocolo indica considerarla siempre como si estuviera cargada. Se recomienda intentar calmar al estudiante y dialogar con él mientras otro adulto da aviso al 911.
Otras pautas aconsejan procurar que el estudiante deje el arma sobre una superficie segura y, si se trata de un arma de fuego, pedirle que retire el dedo del gatillo. Mientras no entregue el arma, debe buscarse mantener la calma hasta la llegada de la fuerza pública. Se subraya que otras personas no deben manipular el arma; se designará a una persona adulta para custodiar el aula y evitar el ingreso de terceros. La fuerza pública corresponderá retirar el arma y el estudiante implicado quedará bajo custodia, con intervención de la familia y de la Justicia.
