En 2025 las ejecuciones registradas en el mundo alcanzaron su nivel más alto desde 1981, según el informe anual de Amnistía Internacional. La organización documentó al menos 2.707 ejecuciones a nivel global, de las cuales 2.159 tuvieron lugar en Irán.
Amnistía Internacional señaló que la cifra global supuso un aumento de más de dos tercios respecto a 2024 y atribuyó este crecimiento, en buena medida, a países donde las autoridades reforzaron el control político y limitaron las libertades civiles.
“Esta tendencia fue mayor en países en los que las autoridades han reforzado su control del poder, restringiendo el espacio cívico, silenciando a los disidentes y haciendo caso omiso de las garantías de derechos humanos establecidas por el derecho y los estándares internacionales”, indicó la organización.
El informe relacionó el notable incremento de ejecuciones en Irán con el contexto posterior a la guerra de junio de 2025 con Israel, señalando que las autoridades iraníes aumentaron el recurso a la pena de muerte como mecanismo de represión y control político.
Amnistía describió este aumento como el resultado de una intensificación en la aplicación de la pena capital por motivos que incluyen la represión de opositores y la respuesta a tensiones internas y regionales.
La organización y otros grupos de derechos humanos señalaron además que Irán volvió a intensificar el uso de la pena de muerte en 2026 tras las protestas de enero y en el marco de enfrentamientos con Israel y Estados Unidos, en procesos vinculados a acusaciones por participación en protestas o pertenencia a grupos considerados ilegales.
Según Amnistía Internacional, las 2.159 ejecuciones documentadas en Irán en 2025 constituyeron “la cifra más alta registrada desde 1981”.
El informe también aportó datos sobre otros países: Arabia Saudita ejecutó a 356 personas; Yemen, al menos 51; Estados Unidos, 47; Egipto, 23; y Somalia, Singapur y Kuwait, 17 cada uno. En total, 17 países llevaron a cabo ejecuciones en 2025.
Amnistía Internacional precisó que las cifras globales difundidas en el informe no incluyen las ejecuciones aplicadas en China, país que la organización considera el principal ejecutor del mundo, debido al secreto oficial en torno a esos datos.
La organización advirtió que las cifras publicadas “no incluyen las miles de ejecuciones” que, según su evaluación, probablemente se llevaron a cabo en China y que no pueden ser contabilizadas por falta de información pública.
Según Amnistía, el “secreto de Estado” que aplica China al uso de la pena de muerte sugiere un empleo deliberado de esta pena para enviar un mensaje de que el Estado no tolerará amenazas a su seguridad o estabilidad.
La organización añadió que, pese a la ausencia de datos oficiales, continúa considerando a China como el líder mundial en ejecuciones.
El informe anual subrayó que las cifras disponibles corresponden a los casos documentados por Amnistía Internacional y advirtió que la falta de transparencia en varios países impide establecer un recuento definitivo de ejecuciones a nivel mundial.
(Con información de AFP)
