En medio de la crisis de consumo que atraviesa Argentina, un informe indicó que la actividad gastronómica se redujo alrededor de un 30%. Nancy Benedetto Ortega, vicepresidenta de la Cámara Gastronómica de San Martín, y Juan Ciolli, presidente de la Cámara Económica Sanmartinense, explicaron la situación en detalle.
Benedetto Ortega calificó los datos como preocupantes y, en una entrevista en Letra Chica, relató que a través de un grupo de WhatsApp observó que muchos socios gastronómicos registraban caídas en las ventas.
Según el estudio citado, el 82% de los encuestados reportó una caída de más del 30% en el consumo. Además, el 77,4% de los locales debió reducir personal; cuando hay vacantes no se reponen, lo que agrava la pérdida de empleo.
Ciolli señaló que la situación del sector gastronómico se replica en la producción y el comercio, y que la crisis es profunda y compleja. Por ello, propusieron medidas a nivel local y nacional para mitigar sus efectos.
A nivel local, trabajan con el intendente en la necesidad de declarar una emergencia Pyme, con el objetivo de aliviar la carga financiera de industrias, comercios y servicios que están siendo afectados por la caída del consumo.
Ciolli informó que en febrero cerraron 24.400 pymes, un récord histórico que supera incluso los cierres registrados durante los primeros 26 meses del gobierno de Macri.
En el indicador EMAE, algunas actividades como la agricultura y la ganadería están por encima del promedio, pero sectores como la industria, la construcción y el comercio mayorista y minorista, así como los servicios, se ubican por debajo.
Benedetto Ortega, propietaria del Restaurante Buffet del Club Tres de Febrero en San Andrés, explicó que la situación en los clubes es particular, ya que dependen de socios y familias con presupuestos limitados, lo que intensifica la caída en la actividad.
La propuesta de Ciolli incluye un programa de alivio fiscal, medidas para contener los costos y la inyección de capital al sector. También plantearon una moratoria amplia para quienes tienen atrasos en la tasa de seguridad e higiene.
La moratoria propuesta eximiría el pago de multas e intereses y permitiría regularizar las deudas en hasta 48 cuotas, con el fin de aliviar la carga de empresas que deben afrontar servicios con baja producción y, en muchos casos, han dejado de pagar tasas municipales.
Para brindar contención inmediata, buscarán generar actividades en el parque Irigoyen y trabajan con diputados para presentar un proyecto de ley de emergencia a nivel nacional, con el objetivo de frenar la pérdida de actividad y recuperar confianza en el sector.
