La Cámara de Diputados aprobó hoy el proyecto de ley Hojarasca, promovido por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger. La iniciativa busca depurar el digesto jurídico mediante la derogación de más de 70 normas que se consideran obsoletas.
El proyecto obtuvo 138 votos a favor, 96 en contra y nueve abstenciones, y fue remitido al Senado, donde el Gobierno espera que reciba la sanción definitiva.
En la misma sesión se debatirá más tarde una propuesta que redefine el alcance geográfico del régimen de subsidios al consumo de gas por “zona fría”, además de someter a votación varios tratados y convenios internacionales, y la entrega de la medalla de honor a veteranos de Malvinas.
El debate
El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch (LLA), destacó la Ley Hojarasca como un instrumento para derogar normas obsoletas o innecesarias, y la contrastó con la tendencia que, según él, existe en la política tradicional de multiplicar regulaciones que complican la vida de los ciudadanos.
Benegas Lynch expresó que, en su visión, algunas autoridades conciben al Estado como un aparato permanente de control e intervención que restringe libertades; sostuvo que en un país civilizado deben primar los derechos, la libertad y las autonomías individuales, y que las normas deben ser excepciones destinadas a resolver ambigüedades o vacíos constitucionales.
El diputado añadió que parte del problema radica en que muchos legisladores no reconocen que el derecho y la gobernanza existen previamente a la ley.
Asimismo, afirmó que los gobiernos reconocen derechos más que otorgarlos, y advirtió que la degradación del sistema jurídico se produce cuando se considera que la justicia de una ley depende únicamente del número de votos que la aprueban.
Benegas Lynch sostuvo que las regulaciones y las leyes deben servir para proteger la vida, la propiedad y los derechos.
Agregó que no se debe confundir la función del derecho con demandas más abstractas, como el “derecho a la felicidad” o al “derecho al futuro”.
También criticó la tendencia a medir la calidad legislativa por la cantidad de normas sancionadas, señalando que muchos proyectos se acumulan en comisiones sin intención real de ser tratados en el recinto.
En ese marco, defendió la Ley Hojarasca como un mecanismo para simplificar el entramado regulatorio y eliminar obstáculos que, en su opinión, afectan el trabajo y la actividad productiva de los ciudadanos.
El legislador sostuvo además que algunas normas funcionan como barreras artificiales que terminan beneficiando a estructuras políticas establecidas.
Para concluir, criticó lo que describió como comportamientos de políticos interesados en mantener esas barreras, que a su juicio impiden el progreso de ciudadanos productivos.
