Bolivia atraviesa una crisis marcada por bloqueos de carreteras, marchas y protestas contra el presidente Rodrigo Paz. El Gobierno busca abrir negociaciones para contener un conflicto que cumple 22 días y que está dificultando el abastecimiento de combustible, alimentos y oxígeno medicinal en varias regiones.
Las movilizaciones, encabezadas por sindicatos campesinos, organizaciones obreras y grupos afines al expresidente Evo Morales, mantienen cortadas decenas de vías y exigen la renuncia del mandatario, que lleva poco más de seis meses en el cargo.
La Administradora Boliviana de Carreteras reportó al menos 70 puntos de bloqueo distribuidos en seis de los nueve departamentos del país, con focos principales en La Paz, Oruro, Cochabamba y Potosí.
En paralelo, sectores del oficialismo y de la oposición intentan impulsar diálogos para desactivar el conflicto. Una de las convocatorias fue organizada por el vicepresidente Edmand Lara, quien además preside la Asamblea Legislativa y mantiene diferencias políticas con el Ejecutivo.
Al encuentro asistieron representantes parlamentarios, dirigentes sociales, miembros de la Iglesia católica, organizaciones de derechos humanos y funcionarios del Gobierno nacional.
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, afirmó que el Ejecutivo está dispuesto al diálogo: “Llegamos a este espacio con la esperanza y la convicción de que el diálogo es el camino para encontrar soluciones”, indicó.
El presidente Rodrigo Paz, por su parte, encabezó otra mesa de trabajo con representantes económicos y sociales para evaluar medidas urgentes frente al deterioro de la situación y las repercusiones económicas de las protestas.
Pese a esos esfuerzos, las movilizaciones continuaron en las calles de La Paz. Organizaciones campesinas volvieron a marchar por el centro político, con mujeres aimaras que portaban cacerolas vacías como símbolo de la crisis económica y del descontento social.
Virginia Antiñapa, dirigente de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa de La Paz, aseguró que el Gobierno ha marginado a los sectores sociales tradicionales. “Cada Gobierno siempre ha coordinado con las organizaciones sociales para su gobernabilidad, pero este Gobierno no nos ha hecho caso, nos ha discriminado”, declaró.
La dirigente también señaló que el presidente incumplió compromisos acordados con las organizaciones campesinas durante la campaña electoral, razón por la cual exigen su salida del poder.
A las protestas campesinas se sumó un paro indefinido convocado por sindicatos de transportistas de La Paz, cuyos conductores instalaron bloqueos urbanos para denunciar la escasez de combustible, agravada por el cierre de rutas en varias regiones.
La combinación de cortes de carreteras y protestas en la ciudad alteró significativamente la movilidad en La Paz y El Alto: miles de personas tuvieron que desplazarse a pie o permanecer horas en filas para utilizar el sistema de teleféricos que conecta ambas ciudades.
El conflicto, que cumple 22 días, se ha extendido hacia otras regiones en la última semana. Hospitales y centros médicos reportaron dificultades para recibir oxígeno y suministros esenciales debido a las interrupciones en el transporte terrestre.
La escasez también afecta a mercados y estaciones de servicio, sobre todo en el altiplano, donde comerciantes y consumidores enfrentan mayores problemas para acceder a productos básicos.
En ese contexto, el Gobierno promulgó en la madrugada una ley que elimina restricciones para la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos, una medida que generó inquietud entre sectores opositores y organizaciones civiles por el riesgo de una escalada represiva.
No obstante, el Ejecutivo sostuvo que declarar un estado de excepción sigue siendo “la última opción” y que priorizará las negociaciones políticas antes de recurrir a medidas extraordinarias.
(Con información de EFE)
