Sergio Schoklender amplió su indagatoria en el juicio oral por la causa Sueños Compartidos, ante el Tribunal Federal N° 5. En esa declaración señaló al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, acusándolo de haber financiado una red de denuncias contra dirigentes del PRO, en la que también mencionó al abogado constitucionalista Eduardo Barcesat.
Según Schoklender, la llamada “usina de denuncias” se organizó en varios puntos: Barcesat habría convencido a Hebe de Bonafini —en ese momento presidenta de la fundación— para articular una estrategia judicial dirigida contra la oposición, entonces encabezada por el PRO.
Schoklender afirmó que Aníbal Fernández otorgaba un subsidio estatal fijo que se canalizaba a través de un centro de investigación creado en la Universidad Popular de las Madres. Sostuvo que parte de esos fondos llegaba directamente a Barcesat, cuya función principal, según él, era presentar nuevas denuncias contra funcionarios del PRO.
En relación con las imputaciones por desvío de fondos, negó haberse enriquecido: “Jamás se desvió un centavo, no se pagaron retornos ni sobreprecios a proveedores y fue el proyecto más honesto del país”, manifestó en su declaración.
Schoklender dijo que su nivel de vida se redujo significativamente después de asumir la dirección de la entidad y que, para sostener la logística del proyecto, compró “dos aviones comerciales”.
Explicó que destinó recursos personales considerables al proyecto: compró aviones con fondos propios, puso en riesgo empresas y estudios jurídicos que poseía y volcó la mayor parte de sus emprendimientos al servicio de la iniciativa porque creía en ella.
Estos dichos formaron parte de su testimonio en la investigación por presunto fraude al Estado y desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales. También afirmó que las ganancias lícitas del programa fueron la principal fuente de ingresos de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
Añadió que la organización recibió aportes del expresidente venezolano Hugo Chávez y, con tono irónico, aseguró que parte de ese dinero “se perdió en el camino”. En la fiscalía lo señalan como uno de los máximos responsables del supuesto fraude y sostienen que los fondos estatales fueron triangulados de forma ilegítima.
