Ante los anuncios recientes del intendente de San Isidro, Ramón Lanús, sobre la incorporación de armas de baja letalidad —como pistolas Taser y gas pimienta— para el cuerpo de prevención comunitaria, el concejal Diego Montivero (Frente Renovador) advirtió sobre un vacío legal y el riesgo de improvisación en la política de seguridad local.
Montivero afirmó que la medida se está implementando sin un marco regulatorio claro y describió la situación como una sucesión de ensayos que reflejan la ausencia de un plan integral de seguridad por parte del municipio.
Reforma de la Ley 12.154 y control policial
El edil expresó su respaldo a la reforma de la Ley Provincial de Seguridad 12.154 para regular y profesionalizar las fuerzas comunales, pero señaló que el uso de armas de electrochoque o dispositivos de control por gas por parte de personal civil requiere controles estrictos, un marco legal preciso y procedimientos de supervisión claros.
“Primero hay que dignificar a los trabajadores municipales”
Montivero subrayó que la conversación debe incluir las condiciones laborales de los trabajadores municipales y no limitarse a medidas de exposición pública.
Indicó que, antes de implementar equipos o acciones de imagen, el municipio debe asegurar formación adecuada para los agentes, evaluaciones periódicas y condiciones salariales dignas que correspondan a las responsabilidades que se les asignan.
Concluyó que la seguridad en San Isidro es un asunto complejo que requiere responsabilidad legislativa y control policial sobre el personal civil, para proteger tanto a los vecinos como a los propios trabajadores y evitar decisiones impulsadas por motivos políticos.
