Se abrió una investigación judicial en Santiago del Estero después de que se constatara que una nena de 12 años, oriunda de El Mojón, estaba embarazada. La menor, según versiones, habría señalado a un presunto responsable que estaría prófugo de la Justicia.
El hecho salió a la luz cuando la familia llevó a la niña al Hospital Regional el jueves pasado. Tras recibir asistencia inicial, los médicos ordenaron su traslado al Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi), en la capital provincial.
Fuentes cercanas informaron que el embarazo tendría alrededor de 29 semanas. Tras confirmarse el estado, se radicó la denuncia correspondiente y la menor pudo declarar ante las autoridades, identificando a un hombre como presunto autor.
Mónica Galván, tía y madrina de la niña, dijo que la familia se enteró recientemente del embarazo y que existen indicios de que la menor habría sufrido abusos durante un tiempo prolongado.
Galván indicó que “la persona que denuncia la menor está prófuga” y que, según versiones, el acusado habría abandonado la provincia; las fuerzas de seguridad están dedicadas a su búsqueda. La identidad no fue difundida para proteger a la víctima.
Otros familiares añadieron que la abuela había expresado reiterada preocupación por la situación de sus nietas y que había presentado reclamos y pedidos de intervención ante distintos organismos sin obtener respuestas satisfactorias.
La tía también señaló que la abuela presentó denuncias contra la madre de la menor por sospechar que conocía hechos que perjudicaban a la niña. Actualmente, la menor permanece bajo atención médica.
La Justicia investiga las circunstancias y busca identificar a los responsables. Las actuaciones se llevan a cabo bajo estricta reserva por tratarse de una persona menor de edad.
ADN, fetos y el posible rol de una ONG en el caso de la nena que fue trasladada a una clínica
El caso de otra nena de 12 años, oriunda de Monte Quemado y con ocho meses de embarazo, que fue trasladada a la clínica Santa María en Villa Ballester, sumó nuevas revelaciones tras un allanamiento realizado por la Superintendencia de Delitos Complejos de la Policía Bonaerense.
Fuentes oficiales consultadas por Infobae indicaron que la Justicia federal buscaba una muestra de ADN que permitiera determinar si se practicó un aborto y esclarecer el destino del bebé. Durante el operativo se revisó la historia clínica de la institución y se halló un dato preocupante en la documentación.
En un registro con fecha del viernes 24 de abril constaban tres intervenciones por aborto, una de las cuales podría corresponder a la menor santiagueña. La madre, una pensionada de 48 años que acompañó a la niña, declaró desconocer si el procedimiento se concretó o si el bebé estaba vivo.
El allanamiento, ordenado por el juez Nicolás Schiavo del Juzgado de Garantías N° 5, permitió hallar ocho fetos en bolsas de residuos patógenos: cinco estaban completamente formados y tres eran embriones. Los cuerpos fueron preservados para su análisis forense.
Desde la Justicia santiagueña remitieron un oficio al Juzgado Federal de Tres de Febrero con dos hipótesis: que el aborto se hubiera realizado, lo que posibilitaría la extracción de ADN del feto para identificar al presunto violador, o que el bebé hubiera nacido vivo y sido entregado a terceros, situación que podría abrir la hipótesis de presunta trata de personas.
La situación de la menor es incierta: tras el supuesto procedimiento abandonó la clínica y no está confirmado si regresó a Santiago del Estero. No obstante, la niña está identificada para los trámites judiciales posteriores. Además, las autoridades bonaerenses desconocen por qué la justicia santiagueña no autorizó el aborto antes del octavo mes.
El hallazgo de los fetos motivó la apertura de una causa por averiguación de ilícito en la UFI N°7 de San Martín, destinada a determinar si los procedimientos realizados en la clínica se ajustaron a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo vigente.
La investigación también detectó la participación de una ONG de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en Palermo, que habría intervenido en el traslado y el alojamiento de la menor y su madre; según fuentes policiales de Santiago del Estero, la organización pagó los pasajes y el hospedaje. Esta información fue confirmada a Infobae por fuentes del caso.
La Justicia Federal no tiene previsto citar a los directivos de la ONG por el momento. El medio que publicó la información intentó contactar a la entidad sin obtener respuesta. Tampoco hubo detenciones entre el personal de la clínica Santa María; todas las personas presentes en el allanamiento fueron identificadas.
