El Congreso de la República de Guatemala aprobó este martes, con 147 votos a favor, la Ley Integral contra el Lavado de Dinero, Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo (Decreto 15-2026). La norma moderniza el marco legal para prevenir y combatir esos delitos y alinea al país con estándares internacionales.
La aprobación se produjo después de semanas de negociaciones y ajustes en los que distintos bloques legislativos acordaron enmiendas al texto. Según el Congreso, la iniciativa busca proporcionar herramientas legales actualizadas para enfrentar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, amenazas que han afectado la integridad del sistema financiero nacional.
Entre los puntos destacados del nuevo decreto se encuentran:
Actualización del marco legal para la prevención y combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.Armonización con estándares internacionales (GAFI y GAFILAT).Fortalecimiento institucional para detectar y bloquear la entrada de capitales ilícitos.Protección de la reputación financiera internacional de Guatemala.
Durante el debate parlamentario, los diputados enfatizaron la necesidad de contar con una ley vigente que mejore la vigilancia y el control de operaciones financieras sospechosas, así como los mecanismos de cooperación internacional. La ley fue aprobada con el respaldo mayoritario de los presentes, reflejando una voluntad política de proteger la economía frente a delitos complejos y transnacionales.
La Superintendencia de Bancos (SIB) celebró la aprobación del Decreto 15-2026 y lo consideró un hito. En un comunicado posterior a la votación, la SIB reconoció la participación de diversas instituciones en la elaboración y aprobación de la normativa y resaltó que, por primera vez, se integran en un solo cuerpo legal las disposiciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, reemplazando un marco que llevaba más de 25 años en vigencia.
Según la SIB, la efectividad del nuevo marco dependerá de su correcta implementación, de la articulación entre las autoridades competentes y de la colaboración de todos los actores del sistema financiero. La entidad reafirmó su compromiso de contribuir a la aplicación efectiva de la ley y de preservar la integridad del sistema financiero guatemalteco conforme a los compromisos internacionales.
El Decreto 15-2026 incorpora principios y prácticas recomendadas por organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Este marco armonizado busca fortalecer la capacidad institucional de Guatemala para prevenir la entrada de recursos ilícitos y proteger la reputación financiera del país en el ámbito global.
La SIB subrayó que la aprobación de la ley reafirma el compromiso del Estado con la transparencia y la resiliencia del sistema financiero, además de dar respuesta a la evolución de los delitos financieros y a las crecientes exigencias regulatorias internacionales. La entidad también destacó que la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo requiere un esfuerzo coordinado entre las autoridades, el sector privado y la ciudadanía.
Finalmente, el Banco de Guatemala comunicó que el Decreto 15-2026 actualiza el marco legal, refuerza la capacidad institucional y protege la reputación financiera nacional. La entidad señaló como resultado tangible una mayor transparencia financiera, destacando: “Resultados que se sienten”.
Pronunciamiento de presidente de Guatemala
El presidente Bernardo Arévalo celebró la aprobación de la nueva normativa en sus redes sociales, expresando: “Hoy gana Guatemala. Pierden quienes pretenden enriquecerse con el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado. Porque proteger al pueblo también significa golpear al crimen donde más le duele: sus finanzas. Tenemos Ley Antilavado”.
El mensaje del presidente destaca que la Ley Integral contra el Lavado de Dinero, Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo pretende debilitar las estructuras financieras de organizaciones delictivas y proteger a la población.
Esta declaración refuerza la postura oficial sobre la importancia de endurecer la lucha contra los delitos financieros y el crimen organizado, y aporta respaldo político a la implementación del Decreto 15-2026.
