El Gobierno nacional dispuso la apertura definitiva del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos con el objetivo de ampliar la oferta de lugares para realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y promover la competencia en el sector.
El sistema será aplicado por cada provincia —o por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires—, por lo que esas jurisdicciones deberán adherir expresamente al nuevo régimen.
A partir de la reforma, cualquier taller, concesionaria o importador que acredite capacidad técnica suficiente podrá inscribirse para efectuar las inspecciones, sin que importe la radicación del vehículo a controlar.
La medida busca eliminar barreras al ejercicio de la actividad y mejorar la interacción entre oferta y demanda, tras constatar que el cierre previo del registro había reducido la disponibilidad del servicio para los usuarios.
La decisión fue oficializada mediante la Resolución 32/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial.
La normativa se apoya en los lineamientos de desregulación económica del decreto de necesidad y urgencia 70/2023, con el propósito de simplificar trámites administrativos.
Uno de los cambios centrales es la unificación del régimen de control: los talleres registrados podrán revisar “todo tipo de vehículos”, ya sean de uso particular o comercial, de pasajeros o de carga, incluyendo unidades antiguas o especiales.
Antes, la fragmentación del registro limitaba la capacidad operativa de los centros de inspección según el destino o la categoría de las unidades.
En materia tarifaria, el Estado ha decidido abstenerse de toda intervención que implique la fijación de precios del servicio.
Bajo este esquema, la intervención pública se limitará a la registración técnica, el control de estándares y la emisión de la documentación que acredite el estado de los vehículos, mientras que el precio del servicio quedará determinado por la libre competencia.
La digitalización es otro pilar de la reforma: el registro será abierto, público, gratuito y completamente digital, operando a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD).
Además, el Certificado de Revisión Técnica (CRT) contará con una versión digital que tendrá la misma validez que la identificación física u oblea adherida al parabrisas.
La resolución otorga un plazo de noventa días a la Subsecretaría de Transporte Automotor para desarrollar e implementar una base informática que consolide la información técnica y los resultados de todas las inspecciones realizadas en el país.
Por su parte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) disponen de treinta días para adecuar sus normas internas a este nuevo marco legal.
El texto establece que la CNRT será la autoridad encargada de la fiscalización y la auditoría del cumplimiento del régimen por parte de los talleres.
La modificación pretende reducir cargas normativas y exigencias formales innecesarias, manteniendo los estándares técnicos necesarios para garantizar la seguridad vial en las rutas argentinas.
