República Dominicana mantiene un diálogo diplomático con Estados Unidos para preservar sus relaciones comerciales tras la introducción de nuevos procesos arancelarios por parte del gobierno estadounidense.
El país caribeño figura entre las 60 economías señaladas por la administración estadounidense por presunta importación de productos fabricados con trabajo forzoso, lo que ha llevado a las autoridades dominicanas a priorizar el diálogo como vía para resolver las diferencias.
El Gobierno dominicano, a través del ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo Sanz Lovatón, ha señalado que la actual política arancelaria de Estados Unidos no está dirigida específicamente contra República Dominicana.
Sanz Lovatón indicó que existe comunicación constante con las autoridades estadounidenses y una coordinación activa con el sector privado nacional para enfrentar el nuevo escenario.
“El país está unificado en este tema y, hasta ahora, no hemos perdido competitividad; aunque se aplican aranceles del 10%, los productos agrícolas siguen exentos y los mismos gravámenes se aplican a los mercados que compiten con nosotros”, explicó el ministro.
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) incluyó a República Dominicana, junto a otros 59 países, en una lista de economías que, según sus criterios, no realizan los esfuerzos necesarios para evitar el trabajo forzoso en las cadenas de suministro; ello podría derivar en la aplicación de una barrera arancelaria adicional de entre 10% y 12,5% para los exportadores dominicanos.
El titular de la USTR, Jamieson Greer, anticipó que la investigación que podría abrir la puerta a esos nuevos aranceles concluirá en pocas semanas, lo que mantiene en incertidumbre a los sectores exportadores del país.
Este escenario no es inédito para República Dominicana. En abril de 2025, durante el denominado “Día de la liberación”, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de tarifas del 10% a las exportaciones de la mayoría de los países, incluida la nación caribeña.
Según la explicación oficial en ese momento, la medida buscaba incentivar la manufactura interna estadounidense; sin embargo, en febrero de este año la Corte Suprema de Estados Unidos revirtió la aplicación de esos aranceles y ordenó el reembolso de las sumas cobradas.
Ante la posibilidad de una nueva escalada arancelaria, el empresariado dominicano ha manifestado su respaldo a la estrategia de diálogo liderada por el Gobierno. El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) afirmó que República Dominicana ha demostrado de manera sostenida su compromiso con los derechos laborales y con el cumplimiento de los estándares internacionales que regulan el comercio.
El principal gremio empresarial valoró los esfuerzos realizados por las autoridades y reiteró su disposición a colaborar, aportando información y apoyando iniciativas que permitan una mejor comprensión de la realidad local.
El Conep confió en que el intercambio técnico y el canal de diálogo establecido con las autoridades estadounidenses permitirán abordar adecuadamente las inquietudes planteadas.
Para los empresarios, el trabajo conjunto entre los sectores público y privado es una herramienta esencial para afrontar los desafíos de la política comercial y resguardar la posición de los productos dominicanos en el mercado internacional.
Mientras se esperan los resultados de la investigación de la USTR, la coordinación interinstitucional y la interlocución directa con Estados Unidos se mantienen como las principales estrategias de República Dominicana para superar este episodio y garantizar la continuidad de su comercio exterior en condiciones competitivas.
