La Union Tranviarios Automotor (UTA), a traves de una carta firmada por su secretario general Roberto Fernandez, advirtio que “el Gobierno sera responsable” si los trabajadores deciden adoptar una medida de fuerza para reclamar el pago integro de sus haberes. El mensaje pone sobre la mesa la posibilidad de un conflicto laboral cuya concrecion dependera de la evolucion de las negociaciones salariales y del cumplimiento de los compromisos de pago por parte de las empresas del sector.
La situacion afecta a varias lineas de colectivos de la region, entre ellas la Empresa Monte Grande, lo que genera preocupacion entre los usuarios del Conurbano bonaerense. De concretarse paros o interrupciones, muchos pasajeros podrian quedarse sin sus recorridos habituales o ver alterado el servicio diario, con impacto en la movilidad de trabajadores, estudiantes y personas que dependen del transporte publico para sus actividades cotidianas.
Las empresas del transporte sostienen que las subas recientes del boleto en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no se tradujeron en una mejora de sus ingresos operativos. Segun su analisis, el aumento tarifario fue absorbido por mayores costos de operacion -combustible, repuestos, salarios y otros gastos- mientras que la ayuda estatal por subsidios se redujo, lo que deja a las companias en una posicion financiera ajustada. En este contexto, las firmas reclaman una recomposicion que les permita afrontar los compromisos salariales y mantener la prestacion del servicio.
Desde el Ministerio de Transporte explicaron que el Estado nacional continua subsidiando el servicio a traves de mecanismos como la Tarifa Social Federal y el sistema RED SUBE, plataformas destinadas a sostener tarifas y facilitar el acceso al transporte. No obstante, la provincia de Buenos Aires habria renunciado a parte de esos beneficios, lo que complica el equilibrio financiero del sistema de transporte metropolitano y regional.
Frente a este cuadro, las partes involucradas -sindicatos, empresas y organismos publicos- tienen alternativas que incluyen reabrir la negociacion salarial, reestructurar los subsidios o buscar acuerdos temporales que garanticen el cobro de salarios y la continuidad del servicio. Si no se alcanzan soluciones, la amenaza de medidas de fuerza podria materializarse, con consecuencias directas para los usuarios y presiones adicionales sobre las finanzas de las empresas.
En resumen, el conflicto se centra en la falta de pago completo de haberes, la insuficiencia de ingresos frente a costos crecientes y la reduccion relativa de subsidios provinciales, elementos que configuran un escenario de riesgo para la normal prestacion del transporte en la region. Las proximas decisiones de las autoridades y los compromisos de las empresas seran determinantes para evitar interrupciones del servicio.
