La entrada en vigencia del nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COU) de Hurlingham generó fuerte controversia. El proyecto, impulsado por el intendente Damián Selci, se presentó como una herramienta para atraer inversiones y reforzar el perfil logístico del municipio por su cercanía a corredores como el Camino del Buen Ayre, la Ruta Provincial 4 y el Acceso Oeste. Sin embargo, vecinos y organizaciones cuestionaron tanto el alcance de los cambios como el proceso de aprobación.
Las críticas se dirigieron inicialmente al trámite de la ordenanza: denunciaron que avanzó en pocas semanas y que fue difícil acceder a la documentación completa del proyecto. Además, reclamaron la falta de información pública sobre los estudios técnicos y el mapa actualizado de usos del suelo.
La audiencia pública convocada para debatir la iniciativa no alcanzó a disipar esas objeciones. Participantes indicaron que el acceso a la información fue limitado y que la organización del encuentro generó malestar. Según un asistente, la audiencia “no cumplió con la normativa” porque la información llegó días antes, el espacio para vecinos fue reducido y quienes concurrieron soportaron una jornada extensa con presencia de vallas y seguridad.
A pesar de las críticas vecinales, el nuevo código contó con el respaldo de una amplia mayoría en el Concejo Deliberante, con votos favorables de representantes de Unión por la Patria, el PRO, La Libertad Avanza y otros bloques.
Uno de los aspectos más cuestionados fue la ampliación de áreas industriales y semiindustriales, en particular en sectores próximos a barrios residenciales consolidados. Habitantes de zonas como Parque Quirno advirtieron que esos cambios podrían agravar conflictos entre actividades productivas y viviendas familiares.
En ese marco surgió el caso de la petroquímica Sualier S.A., que opera en una zona urbana del municipio. Vecinos expresaron preocupación por las sustancias manipuladas y por la circulación de camiones de gran porte en calles internas; una residente describió la situación como “un polvorín en nuestro barrio”.
Los cuestionamientos incluyeron también las políticas de control ambiental: distintos sectores reclamaron mayores mecanismos de supervisión por parte de los organismos competentes de la Provincia de Buenos Aires ante la presencia de establecimientos industriales de alta complejidad.
Otra preocupación fue el fomento de desarrollos inmobiliarios de mayor escala habilitados por el código en determinadas áreas. Vecinos advirtieron que el aumento de densidad podría intensificar problemas preexistentes en servicios públicos, sobre todo en redes de agua, cloacas y gas.
Una estudiante universitaria resumió esa inquietud señalando que “los edificios nuevos no son para nosotras: las nuevas generaciones no podemos pagar un ambiente por la falta de empleo digno; se trata de especulación inmobiliaria y muchas obras se ejecutan sin cloacas ni servicios básicos, lo que sobrecarga sistemas ya deficitarios”.
En paralelo, habitantes de distintos barrios denunciaron deficiencias en el acceso al agua potable y exigieron inversiones en infraestructura antes de permitir proyectos de mayor envergadura.
Ante este escenario, se multiplicaron reuniones vecinales y espacios de discusión sobre el futuro urbanístico del distrito. Los sectores críticos sostienen que el nuevo código privilegia intereses empresariales e inmobiliarios por encima de las necesidades comunitarias; desde el oficialismo lo defienden como una herramienta para impulsar inversiones, empleo y desarrollo económico.
La discusión sigue abierta y se perfila como uno de los principales ejes del debate político local. El Código Urbanístico ya está vigente, pero las objeciones de vecinos y organizaciones mantienen la polémica en torno a temas como el ambiente, el crecimiento urbano y el modelo de ciudad que tendrá Hurlingham en los próximos años.
