La semana pasada, Amnistía Internacional denunció en una conferencia de prensa y ante la Justicia que el Municipio de San Isidro tendría un protocolo interno que dificulta el acceso al aborto legal en el sistema de salud local. En ese marco, la concejala del MDF de San Isidro, Manuela Schuppisser, declaró en Radio Urbana BA que miembros del Opus Dei actuarían en hospitales maternos para obstaculizar el acceso a la IVE.
Schuppisser afirmó que las irregularidades comenzaron con la llegada del intendente Ramón Lanús, sobre quien señaló su pertenencia al Opus Dei, y que la denuncia se dirige tanto contra Lanús como contra el secretario de Salud, Pablo de la Torre.
Según la concejala, recibieron múltiples testimonios de mujeres y jóvenes que acudieron al Hospital Materno-Infantil y encontraron trabas para ejercer su derecho al aborto legal.
En la reconstrucción del panorama sanitario a partir de distintas fuentes, Schuppisser sostuvo que a algunas mujeres las asistían numerarias del Opus Dei en lugar de personal de salud, lo que, según ella, sería contrario a la normativa porque implicaría la intervención de civiles y no de profesionales sanitarios.
La concejala indicó que los problemas se remontan a la gestión del ex secretario de Salud Alberto Yebara, quien “de manera extraoficial comunicó que no estaba de acuerdo con que eso sucediera”. Añadió que cuando en enero asumió Pablo De La Torre esperaban un empeoramiento de la situación.
En la conferencia de prensa de Amnistía también se cuestionaron relatos que describen los abortos en términos económicos; la organización señaló que, si la preocupación fuera el costo, resulta más caro atender una sepsis por un aborto clandestino que facilitar misoprostol para realizar un aborto seguro y legal.
Dos programas municipales quedaron en la mira: “Maternidades vulnerables” y el “Plan de 1000 días”. Schuppisser explicó que personal acompañado por terceros visitaba barrios vulnerables para identificar embarazos y persuadir a las personas de continuar con la gestación, y que, aunque el Plan de 1000 días ofrecía asistencia durante la gestación, luego resultaba difícil conseguir turnos en el Hospital Materno.
La concejala criticó que el municipio promueve la maternidad, pero luego no brinda el acompañamiento ni la contención necesarios después del nacimiento.
Otro punto cuestionado fue la objeción de conciencia: según la denuncia, el Hospital Materno Infantil y los CAPS no garantizan la realización de abortos y presionan a los profesionales para que no gestionen IVE; quienes intentan aplicar la ley, afirmaron, sufren hostigamiento e incluso amenazas de perder su empleo.
La denuncia fue presentada en el fuero Contencioso Administrativo como una acción colectiva. Amnistía recogió testimonios de forma anónima y colectiva porque, dijeron, muchas jóvenes temen denunciar individualmente.
Schuppisser concluyó responsabilizando a Ramón Lanús y a Pablo De La Torre por el incumplimiento, según su versión, de las obligaciones legales en materia de IVE.
