La decisión sobre si Marine Le Pen podrá presentarse a las elecciones presidenciales de Francia en 2027 se conocerá en pocos días, cuando el tribunal de apelaciones emita su veredicto definitivo el martes 7 de julio. Si se confirma la condena anterior, la líder de la Agrupación Nacional (RN) quedaría inhabilitada para competir.
De confirmarse la inhabilitación, Le Pen no podría inscribirse para la primera vuelta prevista el 18 de abril de 2027. Además, la posible imposición de arresto domiciliario limitaría de forma importante su capacidad para hacer campaña.
Ante la corte de apelación, Le Pen defendió que su partido actuó “de completa buena fe” y negó la existencia de un plan deliberado para desviar fondos del Parlamento Europeo. La fiscalía, en cambio, sostuvo que ella “profesionalizó” una práctica que, según la acusación, había comenzado bajo su padre cuando asumió el control del partido en 2011.
En primera instancia fue condenada a cuatro años de prisión, con dos años en suspenso, y a una inhabilitación de cinco años para ocupar cargos públicos, tras ser declarada culpable de emplear fondos europeos en beneficio de personal del partido en Francia entre 2004 y 2016. La acusación cifra el monto malversado en varios millones de euros.
Le Pen ha señalado que decidirá si se presenta a las presidenciales solo después de conocer el fallo del tribunal. “No tengo miedo”, declaró esta semana, y añadió: “Si puedo presentarme, lo haré, siempre y cuando pueda hacer campaña”.
En caso de quedar excluida, la dirigente sugirió que Jordan Bardella, actual presidente del partido y figura emergente de 30 años, podría asumir la candidatura. “Cuando eres candidato a la presidencia, necesitas tener total libertad de movimiento”, dijo en una entrevista con LCI, subrayando que no puede depender de un magistrado para acudir a actos públicos.
El proceso alcanza también a 24 exdiputados europeos, asistentes y contables, además del propio partido RN, todos acusados de participar en un esquema para desviar recursos comunitarios. En primera instancia el tribunal sostuvo que existió una “estafa de empleos falsos” durante más de una década.
Le Pen calificó la investigación de “caza de brujas” y denunció que algunos simpatizantes remitieron amenazas de muerte a los jueces. Ella, el partido y otras 11 personas presentaron recurso de apelación. La fiscalía pidió mantener la prohibición de cinco años y solicitó una pena de cuatro años de prisión, con tres en suspenso, por el presunto desvío de fondos.
Las encuestas recientes sitúan a la ultraderecha en cabeza de la primera vuelta de 2027, aunque el resultado de la segunda vuelta sigue siendo incierto. Un sondeo de Harris Interactive Toluna de mayo, realizado entre más de 1.700 votantes, mostró que Le Pen podría imponerse frente a Jean-Luc Mélenchon y a los ex primeros ministros Gabriel Attal y Édouard Philippe.
La resolución del tribunal no solo decidirá el futuro inmediato de la figura más destacada de la extrema derecha francesa, sino que también puede alterar el mapa político de cara a las próximas elecciones presidenciales.
(Con información de AFP)
