Más de 640.000 personas desplazadas en el Líbano han comenzado a regresar a sus comunidades, según un informe publicado el jueves por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), tras el alto el fuego entre Israel y Hezbollah que entró en vigor el 21 de junio.
El conflicto se inició el 2 de marzo, cuando Hezbollah —grupo militante respaldado por Irán— lanzó cohetes contra Israel en represalia por el asesinato del líder supremo iraní en ataques atribuídos a Washington y Tel Aviv. Israel respondió con bombardeos aéreos y una invasión terrestre en el sur del Líbano, donde sus tropas siguen presentes.
Las autoridades libanesas estiman alrededor de 4.300 muertos y más de un millón de desplazados, concentrados principalmente en el sur del país y en los suburbios meridionales de Beirut. De ese total, cerca de 500.000 personas aún no han podido regresar, en su mayoría porque sus viviendas fueron destruidas o resultaron inhabitables.
Sigue siendo imposible acceder a decenas de pueblos y aldeas próximos a la frontera sur. La ministra de Asuntos Sociales, Hanine El Sayed, afirmó: “El hecho de que los demás no hayan regresado significa que su situación es mucho más difícil”.
Quienes consiguen volver encuentran viviendas dañadas, cortes de electricidad y agua y comercios destruidos. Cerca de 90.000 hogares fueron total o parcialmente demolidos, y el Estado libanés calcula que necesitará miles de millones de dólares para la reconstrucción, recursos que actualmente no dispone.
El número de personas en refugios colectivos disminuyó de 37.000 a unas 13.000, y los albergues habilitados se redujeron de 692 a 479. Se abrieron centros adicionales en Nabatieh, en el sur, para quienes desean permanecer cerca de sus lugares de origen. Pese al fin de las hostilidades, funcionarios israelíes anunciaron que sus fuerzas se mantendrán en una “zona de seguridad” de 10 km de profundidad, lo que deja inaccesibles amplias áreas fronterizas.
La semana pasada, Israel y Líbano firmaron un acuerdo marco respaldado por Estados Unidos que contempla el desarme de Hezbollah, una retirada gradual de las fuerzas israelíes y el despliegue del ejército libanés en la zona, comenzando por dos áreas “piloto” donde se iniciaría la reconstrucción.
El documento, rechazado por Hezbollah, no establece un calendario para la retirada y condiciona ésta al desarme previo del grupo, una exigencia que los expertos consideran difícil de cumplir. El presidente libanés Joseph Aoun lo resumió: “Nuestro objetivo común es uno solo: asegurar la retirada de Israel”.
Amnistía Internacional y otras cinco organizaciones no gubernamentales advirtieron el viernes que el texto “amenaza con traicionar a las víctimas de crímenes de guerra en el Líbano”, que partes “parecen estar dirigidas a impedir que busquen justicia ante foros internacionales” y que otras secciones “parecen consentir el desplazamiento forzoso prolongado e indefinido” de decenas de miles de residentes del sur ocupado.
Aoun respondió que el artículo 13 “confirma la suspensión de los procedimientos judiciales entre los dos Estados durante el período de negociación”, pero que “no impide” que entidades privadas emprendan acciones legales.
(Con información de AFP y Reuters)
