La polémica por el Código de Ordenamiento Urbano (COU) de Hurlingham tuvo un nuevo giro: el Concejo Deliberante derogó la ordenanza aprobada a fines de 2025 después de que la Provincia de Buenos Aires rechazara su homologación. Con esa decisión, volvió a regir el COU sancionado durante la gestión de Juan Zabaleta, que es el último código que recibió la aprobación provincial.
La resolución puso fin a un debate que se venía extendiendo por meses, pero dejó sin resolver la situación de las obras y emprendimientos iniciados bajo la normativa ahora anulada. Esos proyectos quedaron en un estado de incertidumbre porque fueron autorizados con un código que nunca obtuvo la validación definitiva de la Provincia.
La sesión estuvo marcada por fuerte tensión: vecinos se presentaron en el recinto para manifestar su rechazo a las modificaciones propuestas y reclamaron que el nuevo código no se pusiera en vigencia. Durante el tratamiento del expediente se produjeron cruces entre concejales y un episodio de violencia que requirió intervención para evitar una escalada mayor.
Desde la oposición cuestionaron cómo se desarrolló la sesión y denunciaron que el oficialismo intentó avanzar con el expediente sin contar con toda la documentación necesaria. También exigieron mayor transparencia en el procedimiento y en el acceso a la información relacionada con el proceso.
El conflicto se originó en la iniciativa del Ejecutivo municipal de actualizar las normas de planificación urbana. El proyecto pretendía modificar la zonificación del distrito y redefinir parámetros para futuras construcciones, con el objetivo declarado de habilitar nuevos desarrollos.
La propuesta encontró resistencia en distintos sectores vecinales, que cuestionaron el procedimiento de aprobación y la falta de información pública suficiente. Señalaron además el posible impacto sobre barrios residenciales, la capacidad de la infraestructura de servicios, los espacios verdes y el ambiente en general.
Entre las observaciones más importantes figuraron cambios en el plano de zonificación y en los indicadores urbanísticos que determinan el tipo de construcciones permitidas en cada sector. Sus críticos advirtieron que esas modificaciones alteraban aspectos centrales del ordenamiento territorial y solicitaron una nueva instancia de participación ciudadana.
El rechazo provincial obligó finalmente al municipio a retroceder y restablecer el COU anterior, aprobado durante la gestión de Juan Zabaleta. Mientras tanto, sigue abierta la discusión sobre las consecuencias administrativas y legales de las autorizaciones otorgadas durante la vigencia de una norma que nunca recibió la homologación bonaerense.
