El grupo huti de Yemen condeno a muerte a 17 personas por cargos de espionaje a favor de potencias extranjeras y dicto penas de diez anos de prision para otras dos; uno de los acusados fue absuelto, segun informo el Tribunal Penal Especializado de Sana, controlado por los insurgentes, a traves de la agencia Saba.
El tribunal, por medio de los jueces Yahya al Mansur y Rabie al Zubair, describio una red que habria operado entre 2024 y 2025 con apoyo de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Israel, Reino Unido y Arabia Saudita, empleando dispositivos de comunicacion cifrada y camaras ocultas conectadas a transmisiones en directo.
Segun la sentencia, los condenados facilitaron informacion sobre la ubicacion y los desplazamientos de dirigentes huties, el estado de posiciones militares sensibles, asi como datos sobre misiles, depositos de proyectiles y puntos de lanzamiento, y habrian recibido pagos en efectivo por esas actividades.
Ansar Allah -el nombre oficial del movimiento huti- mantiene un control firme sobre Sana y amplias zonas del norte de Yemen desde 2014. En ese periodo, sus organos de seguridad han denunciado repetidamente supuestas redes de espionaje vinculadas a paises occidentales y a la coalicion liderada por Arabia Saudita; en junio de 2024 Reuters informo que tribunales huties impusieron 44 condenas a muerte en otro caso relacionado con Arabia Saudita.
El sistema judicial bajo el dominio huti recibe criticas de organismos internacionales. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos registro testimonios sobre detenciones arbitrarias, torturas y confesiones obtenidas bajo coaccion, y en 2019 pidio la revision de varias sentencias de muerte advirtiendo sobre “violaciones graves del debido proceso”.
El movimiento huti acusa con frecuencia a organizaciones internacionales de servir de cobertura para labores de inteligencia. En octubre de 2025 la ONU califico de “infundadas” las acusaciones que vinculaban a empleados humanitarios con actividades de espionaje.
Los gobiernos mencionados en la causa no hicieron comentarios inmediatos. Washington, Londres y Riad suelen evitar pronunciarse sobre procesos en territorios sin reconocimiento internacional, mientras que Israel ha permanecido en silencio sobre sus operaciones en Yemen pese a las crecientes tensiones.
El contexto militar aumenta la presion: los huties intensificaron desde 2023 ataques con drones y misiles en apoyo a la causa palestina y se enfrentan de forma recurrente a bombardeos de la coalicion saudi y a ataques puntuales atribuidos a Israel, lo que eleva las sospechas de espionaje y las medidas de seguridad internas.
El uso de ejecuciones publicas forma parte, segun diversas organizaciones de derechos humanos, de una estrategia de control social. Informes de Human Rights Watch y Amnistia Internacional documentan un aumento de sentencias capitales en areas bajo dominio huti desde el inicio del conflicto y expresan dudas sobre las garantias procesales y el posible uso politico de las condenas.
La guerra civil en Yemen sigue fragmentando el pais entre multiples centros de poder. Las condenas anunciadas en Sana reflejan el alcance del aparato de seguridad huti y su intencion de proyectar autoridad en medio de un conflicto que, segun Naciones Unidas, ha provocado una de las peores crisis humanitarias del mundo.
