Un grupo de expertos independientes de las Naciones Unidas pidió este lunes al régimen iraní que anule las condenas a muerte dictadas contra diez jóvenes procesados por su presunta participación en las protestas antigubernamentales de enero, y exigió la suspensión inmediata de las ejecuciones pendientes por considerar que el proceso violó estándares internacionales de debido proceso.
El pronunciamiento se produjo tras la sentencia de un tribunal iraní contra doce hombres, la mayoría en sus últimos años de adolescencia o poco pasada la veintena. Dos de los acusados fueron ejecutados el 19 de julio, mientras que los otros diez continúan bajo pena capital.
En su comunicado, los expertos manifestaron profunda preocupación por las irregularidades observadas durante el juicio.
“Condenar a muerte a 12 personas en una misma audiencia, a puerta cerrada y sin claridad sobre la responsabilidad individual de cada acusado, contraviene las normas de un juicio justo”, señalaron.
Los firmantes son 13 expertos de la ONU, incluidos relatores especiales y miembros de grupos de trabajo sobre desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. Aunque forman parte de los mecanismos de derechos humanos de la ONU, actúan de forma independiente y no representan oficialmente al organismo.
Las sentencias están vinculadas a las manifestaciones que estallaron en varias ciudades iraníes a principios de enero. Las protestas, originadas por el aumento del costo de vida, derivaron en movilizaciones contra el gobierno, que fueron reprimidas con fuerza durante los días 8 y 9 de enero y dejaron un alto número de víctimas.
El gobierno iraní afirmó que más de 3.000 personas murieron en esos hechos y atribuyó la violencia a “actos terroristas” organizados por Estados Unidos e Israel. Organizaciones internacionales de derechos humanos, por su parte, han denunciado que miles de personas perdieron la vida como consecuencia de la respuesta estatal.
Según los expertos de la ONU, al menos 24 personas relacionadas con las protestas de enero han sido ejecutadas en lo que va del año, un dato que ha aumentado la inquietud internacional sobre el uso de la pena capital en casos vinculados a las movilizaciones.
Los doce condenados fueron señalados por su presunta participación en la muerte de cuatro miembros de las fuerzas de seguridad y por delitos relacionados con incendios provocados y actos de vandalismo en la plaza Shahid Alikhani, en Isfahán.
No obstante, los expertos cuestionaron la transparencia del proceso: “Los cargos siguen sin estar claros, ya que las audiencias del Tribunal Revolucionario son a puerta cerrada y las sentencias no se publican”, indicaron.
También denunciaron que las condenas se apoyaron en confesiones difundidas por televisión y aseguraron que varios acusados habrían sido detenidos de forma arbitraria.
El comunicado añade que algunos procesados fueron sometidos a desaparición forzada y a malos tratos durante su detención, prácticas que, según los expertos, invalidan cualquier prueba obtenida en esas circunstancias.
El caso se inscribe en las crecientes críticas internacionales sobre el uso de la pena de muerte en Irán. Amnistía Internacional y otras organizaciones sostienen que el país figura entre los que más ejecuciones realizan. Iran Human Rights y ECPM informaron que en 2025 al menos 1.639 personas fueron ejecutadas, la cifra más alta en el país desde 1989.
