El presidente Javier Milei expondrá el jueves, por cadena nacional, el proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central, que su Gobierno considera una de sus medidas clave para cumplir con el mandato recibido en 2023: reducir la inflación. Por esa razón se eligió la transmisión televisiva y radial para presentar la iniciativa.
La Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina es la ley que regula su funcionamiento, organización y poderes. Sus normas son relevantes porque, al delimitar la actuación del BCRA, establecen criterios para la política monetaria, en particular sobre la emisión de dinero para financiar el gasto público, la jerarquía de objetivos y la independencia institucional.
A lo largo de la historia financiera argentina la Carta Orgánica fue reformada varias veces. La modificación de 2012, impulsada por el kirchnerismo y por la entonces presidenta del BCRA Mercedes Marcó del Pont, amplió los objetivos de la entidad y flexibilizó los límites de emisión a favor del Tesoro, cambios que el Gobierno actual atribuye a la aceleración de la inflación que el país aún enfrenta.
Según el vocero presidencial, Adrián Ravier, la reforma de la Carta Orgánica es central porque el objetivo primordial del Gobierno es bajar la inflación, y los cambios propuestos apuntan a corregir lo que considera prácticas que han perjudicado la estabilidad monetaria.
Los ejes de la reforma
El texto definitivo del proyecto se está ultimando con la participación de Milei, el Ministerio de Economía, el Banco Central y el Ministerio de Desregulación. El núcleo de la propuesta es limitar la capacidad del BCRA para financiar al Estado, reforzar su independencia y recuperar un mandato único centrado en preservar el valor de la moneda.
Una de las medidas centrales es eliminar el financiamiento monetario al Tesoro, suprimiendo el artículo 21 que regula los adelantos transitorios del BCRA al Gobierno, mecanismo históricamente usado para cubrir déficits mediante emisión.
Antes de 2012, esos adelantos tenían un plazo máximo de 12 meses y tope del 12% de la base monetaria, con la posibilidad de sumar hasta un 10% de la recaudación del último año. La reforma de 2012 elevó esos límites, añadió un 10% adicional “con carácter excepcional” y extendió plazos de devolución, además de eliminar destinos específicos de esos fondos. El proyecto de Milei propone derogar por completo ese mecanismo.
También se plantea dejar sin efecto la transferencia de utilidades del BCRA al Tesoro —un mecanismo usado para contabilizar ganancias derivadas de la devaluación y girarlas al fisco—. En adelante, esos resultados quedarían inmovilizados como reservas técnicas y solo podrían utilizarse ante un escenario de deflación.
En cuanto a los objetivos del Banco Central, la iniciativa busca recuperar un mandato único: preservar el valor de la moneda. Se eliminaría el esquema de objetivos múltiples vigente desde 2012, que incluía estabilidad financiera, promoción del empleo y desarrollo con equidad social, para centrar la misión del BCRA en la lucha contra la inflación.
El proyecto también suprime la opción de recurrir a Letras Intransferibles —títulos entregados por el Tesoro al BCRA a cambio de reservas y que no se negocian en el mercado—, instrumentos que desde 2006 permitieron usar reservas para atender deuda en dólares.
Además, la reforma endurece los requisitos para remover al presidente y a los directores del BCRA, con el objetivo de aumentar la autonomía del organismo frente al Poder Ejecutivo y evitar reemplazos por decreto.
El texto prevé, además, penas de prisión para funcionarios que autoricen emisión monetaria sin respaldo, incluyendo autoridades del Banco Central, miembros del Ejecutivo y legisladores. Si se aprobara, la reforma modificaría de manera sustancial el marco legal y operativo del sistema financiero argentino, limitando las herramientas de financiamiento del Estado y estableciendo mayores garantías de independencia para el BCRA.
